Cae una red de licencias de conducir falsas: 10 detenidos y allanamientos que sacuden a dos municipios
¿Sabías que se vendían licencias truchas por WhatsApp? La PFA allanó dos municipios y detuvo a 10 personas. Enterate de todos los detalles.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización que vendía registros de conducir apócrifos. Los operativos se desplegaron este miércoles en dos dependencias municipales y dejaron al menos 10 aprehendidos, entre ellos empleados que estaban de turno.
La investigación, que arrancó en 2024 bajo la órbita de la jueza federal María Servini, apunta a una maniobra que se habría gestado en la propia Dirección de Tránsito de San Martín y en el municipio de Ezeiza. Los allanamientos simultáneos sacudieron la zona y mantienen en vilo a los vecinos que a diario tramitan su licencia.
¿Cómo operaba la red?
Según reconstruyó TN, las licencias truchas se ofrecían por WhatsApp y Facebook. Los interesados eran personas que, por distintos motivos, no podían sacar el registro por la vía legal: problemas médicos que les impedían conducir, antecedentes penales graves o conductores con el carnet suspendido por acumular infracciones.
La venta se hacía a través de redes sociales, con total impunidad. Los investigadores ya detectaron más de 20 licencias apócrifas, aunque la cifra podría crecer en los próximos días.
Qué pasó en San Martín
Los federales llegaron temprano a la sede de tránsito de San Martín, donde los empleados fueron retenidos y trasladados como aprehendidos a la Alcaidía de Madariaga, en Villa Lugano, para ser interrogados sobre su posible participación en el esquema.
El lugar permanece cerrado. Los trabajadores que estaban en ese momento fueron sacados de la oficina y puestos a disposición de la Justicia. La madre de una de las empleadas contó a TN: “Me enteré porque mi yerno me avisó que vinieron a allanar y le sacaron los celulares. Estoy esperando que salga porque van a ir a declarar”.
La versión del municipio
La Municipalidad de San Martín salió a defenderse. Fuentes del gobierno local calificaron el allanamiento como “exagerado” y aseguraron que, si la Justicia lo hubiera pedido, ellos habrían entregado la información sin problemas.
Además, negaron que haya una organización interna y hablaron de “banditas” externas que operaban desde afuera. Como respaldo, recordaron que el propio municipio hizo una denuncia penal hace dos meses y hasta lanzó campañas en redes para alertar a los vecinos.
Pero los investigadores federales sospechan que podría haber complicidades internas. Por eso, los empleados fueron retenidos para declarar. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Más allá del delito federal que implica falsificar un documento público, lo que más preocupa a las autoridades es el riesgo para la seguridad vial, señaló el cronista Santiago Martella desde el lugar.
