La Municipalidad de Puerto Iguazú deberá explicar si parte de sus papeles salieron de las oficinas y fueron a parar a una casa del barrio Almirante Brown. El pedido de informes ya tiene número de expediente y un plazo concreto para responder.
El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recibió un pedido de informes para que la Municipalidad explique si parte de su documentación oficial fue trasladada a domicilios particulares. La presentación la hizo el edil Alejandro Verón, quien busca respuestas sobre un episodio que involucra a supuestos empleados municipales.
El expediente 116/2026, caratulado "Posible Traslado, Extracción y resguardo de documentación oficial perteneciente a la Municipalidad de Puerto Iguazú a un domicilio particular", ingresó por mesa de entrada del cuerpo legislativo.
Qué se vio
Según el planteo, el viernes pasado se habría observado a personas identificadas como empleados comunales moviendo cajas con papeles hacia una vivienda ubicada en el barrio Almirante Brown. La escena disparó la presentación del concejal.
El argumento de Verón
Para el edil, los expedientes, registros y archivos públicos son patrimonio del Estado municipal y deben permanecer bajo custodia dentro de las dependencias oficiales. "Cualquier extracción o traslado constituye una irregularidad grave que vulnera los principios de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y seguridad jurídica", sostuvo.
En esa línea, el proyecto de comunicación solicita que el Concejo inste al Departamento Ejecutivo y, a través de él, a la Secretaría de Hacienda —a cargo del contador Rubén Jost— y a la Dirección de Asesoría Legal y Técnica —conducida por el abogado Harry Foos— a remitir un informe escrito y pormenorizado.
Qué debe responder el municipio
Los funcionarios deberán confirmar o negar si se trasladó, extrajo o resguardó documentación administrativa, contable, financiera o legal fuera de las oficinas municipales. Si la respuesta es afirmativa, tendrán que precisar el tipo y el volumen de los papeles movidos, las fechas en que ocurrió y las direcciones exactas de los domicilios donde fueron alojados.
También se exige la copia certificada de la resolución, disposición o decreto que haya autorizado la maniobra, con indicación de la autoridad competente que la firmó, además de otros puntos complementarios.
De aprobarse la iniciativa, el municipio dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles para contestar el requerimiento.
