California quiso obligar al ICE a identificarse en las redadas: un tribunal federal le puso un freno
California quiso que los agentes del ICE mostraran su identificación durante las redadas. Un tribunal federal acaba de frenar esa exigencia, pero la historia con el fiscal Bonta recién empieza.
Una corte federal de apelaciones falló en contra de California y le dio un golpe duro a la política de transparencia que Gavin Newsom había impulsado para las fuerzas de seguridad. El Tribunal del Noveno Circuito revocó la decisión de primera instancia y ordenó dictar una medida cautelar que impida aplicar contra el gobierno federal una de las secciones clave de la Ley No Vigilantes.
La resolución, firmada por el juez Mark J. Bennett el 14 de octubre, devuelve el caso al juzgado de distrito con una instrucción precisa: emitir una medida que frene al estado, al gobernador y al fiscal general de aplicar esa disposición contra el gobierno de Estados Unidos, sus agencias y sus funcionarios.
Qué decía la norma que quedó bloqueada
La Sección 10 de la Ley No Vigilantes —aprobada en 2025 y codificada en el Código Penal de California bajo el artículo 13654— obligaba a los agentes federales que trabajaran sin uniforme a mostrar una identificación visible durante sus procedimientos.
La exigencia alcanzaba intervenciones activas o planificadas vinculadas con arrestos, detenciones y despliegues para controlar multitudes. El incumplimiento deliberado y consciente podía constituir un delito menor según la legislación estatal.
La propia norma contemplaba excepciones: operaciones encubiertas, determinadas investigaciones, circunstancias urgentes con peligro inminente y tareas tácticas específicas. También preveía casos de protección de autoridades y otras personas designadas, cuando identificarse pudiera comprometer la seguridad o la eficacia del operativo.
El argumento central del fallo
Para el tribunal, la legislación californiana intenta regular directamente las funciones del gobierno federal sin autorización del Congreso. Esa intervención, sostuvo, contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.
El gobierno nacional había planteado que la norma interfería con sus competencias para organizar y ejecutar sus propias operaciones migratorias.
El alcance de la decisión se limita a esa sección de la ley y no implica, por sí mismo, la anulación de todas las disposiciones de las otras normas cuestionadas en el litigio.
El descargo de Rob Bonta
La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, expresó su disconformidad con el fallo y anticipó que está analizando la sentencia, según publicó The Hill.
“La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales de una aplicación eficaz de la ley. Que las fuerzas de seguridad se nieguen a identificarse socava la seguridad colectiva. Estamos decepcionados por la decisión de hoy y estamos revisando la opinión del tribunal”, sostuvo la oficina de Bonta.
