Cambia la ley para menores de 14: qué hará La Pampa
La nueva ley nacional baja la imputabilidad a los 14 años y ya rige en todo el país. La Pampa mandó su propio proyecto para no quedarse atrás: qué cambios alcanzan a los chicos, la justicia y los procedimientos.
La Nación ya tiene un nuevo régimen penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, y La Pampa corre para adecuar sus propias reglas. El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que adapta la ley local a la normativa nacional, con cambios que alcanzan a la justicia, los operadores y los procedimientos.
La Ley Nacional 27.801, sancionada por el Congreso en febrero de este año, reemplaza el esquema de la Ley 22.278, vigente desde los años 80. Entre sus puntos centrales está la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años, algo que hasta ahora no regía a nivel nacional. La norma entró en vigencia este sábado 5 de septiembre, por lo que las provincias deben tener su legislación alineada.
Qué propone La Pampa
El proyecto que ya está en la Legislatura pampeana busca modificar la Ley Provincial 3353 de Procedimiento Penal para Adolescentes y otras normas vinculadas. La idea es mantener uno de los pilares del sistema local: una justicia especializada, con operadores formados en niñez y adolescencia y respeto pleno del debido proceso.
Además, se quiere reforzar las soluciones alternativas al proceso penal, dar más participación a las víctimas y separar lo estrictamente penal de lo que tiene que ver con la protección integral de derechos o la salud mental. Esos temas seguirán en manos de los organismos especializados.
La adecuación también contempla una organización descentralizada, para que la justicia especializada llegue a todo el territorio provincial.
La letra de la ley nacional
El texto nacional sostiene que el nuevo régimen busca “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
En La Pampa, la iniciativa fue armada con aportes del Superior Tribunal de Justicia y consultas al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, organismos del Ejecutivo, la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, diputados y especialistas locales. La provincia apunta a llegar a la plena vigencia del régimen nacional con una ley actualizada y consensuada.
