Cambio clave en los tribunales: el nuevo valor que define cuánto cobran los abogados

El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero modificó la base de cálculo para los honorarios de los profesionales del derecho. La decisión impactará directamente en los costos de los procesos judiciales para miles de santiagueños.

La Sala de Superintendencia del máximo órgano judicial provincial estableció el nuevo monto de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA). Este parámetro es fundamental para regular los honorarios de abogados y procuradores que ejercen en el territorio santiagueño.

La resolución fija el valor de la UMA en $86.350. Este número no es arbitrario, sino que surge de un cálculo preciso establecido por la ley.

¿De dónde sale esta cifra?

La actualización se realiza en estricto cumplimiento de la Ley Provincial Nº 7381. Esta normativa, que rige los honorarios de los letrados, determina un mecanismo específico para el cálculo.

El artículo 15 de la ley indica que el monto de la unidad arancelaria debe equivaler al tres por ciento (3%) de la asignación que percibe un juez de primera instancia. Es sobre ese porcentaje de la remuneración judicial que se construye el valor de la UMA.

De este modo, cada vez que se ajustan los salarios de los magistrados, se actualiza de forma correlativa la unidad utilizada para tasar los honorarios de los profesionales que intervienen en los juicios.

Un impacto directo en la justicia cotidiana

La nueva UMA de $86.350 se aplicará en todos los procesos judiciales donde corresponda la regulación de honorarios. Servirá como referencia para el cálculo en las distintas instancias y fueros del Poder Judicial de Santiago del Estero.

Esta actualización es una práctica periódica que busca mantener la paridad entre la retribución de los jueces y la de los abogados que litigan ante ellos. Asegura que los valores se mantengan actualizados conforme a la evolución de los salarios del sector.

La medida busca dar previsibilidad y un marco claro tanto para los profesionales del derecho como para los justiciables que deben afrontar los costos de un proceso judicial en la provincia.