Cambio de categoría en el IPV: la Corte falló a favor de una trabajadora y ahora deberán pagarle la diferencia

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso fin a una larga disputa laboral: una empleada del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) logró que se reconozca su verdadera categoría profesional. El fallo no solo ordena el recategorización, sino que también obliga al organismo a liquidar las diferencias salariales pendientes.

¿Qué pasó con la trabajadora del IPV?

La agente, que se desempeñaba en el Agrupamiento I (Administrativo y Técnico), reclamaba desde hacía tiempo su derecho a ser encasillada como profesional. Su pedido llegó a la Justicia y, el 3 de febrero de 2026, la Sala Segunda de la Suprema Corte le dio la razón parcialmente, anulando el Decreto 1111 y los actos administrativos que la mantenían en una categoría inferior.

El fallo fue contundente: la trabajadora debía ser ubicada en el Agrupamiento III Profesional, Clase 15. Pero la pelea no terminó ahí. El tribunal también ordenó que se calculen y paguen las diferencias salariales que existieron entre lo que cobró como auxiliar y lo que le hubiera correspondido como profesional.

El largo camino administrativo

Después de la sentencia, el directorio del IPV emitió la Resolución 923 el 24 de julio de 2026 para formalizar el cambio. Esa decisión fue remitida al Poder Ejecutivo, que la ratificó mediante el Decreto 1640, firmado el 12 de agosto de 2026. El decreto confirma el nuevo encasillamiento y habilita el proceso para cumplir con la revisión salarial ordenada por la Justicia.

El cálculo de las diferencias deberá tener en cuenta las normas sobre promoción automática y los intereses fijados en la sentencia, hasta que se concrete el ajuste. Un dato clave: la medida reconoce el derecho de la empleada a cobrar como profesional desde el momento en que correspondía, no desde ahora.

¿Qué significa este fallo para otros empleados públicos?

Este caso podría sentar un precedente importante para otros trabajadores del Estado que se encuentran en situaciones similares, donde la categoría real no coincide con la que figura en los registros. La decisión de la Corte refuerza la obligación de las administraciones públicas de respetar los derechos laborales y corregir errores de encasillamiento, incluso cuando implican un costo económico.

El Gobierno de Mendoza, a través del decreto, dio cumplimiento a lo ordenado por la Justicia, pero la historia deja en evidencia que el reconocimiento de un derecho no siempre es inmediato. La trabajadora, que inició la causa contra el IPV, espera ahora que el organismo cumpla con el pago de las diferencias, un trámite que suele demorar más de lo deseado.