Cambio en PAMI Río Negro: jubilados advierten que la crisis no se resuelve con otro representante

La salida de Nicolás Petrini de la conducción del PAMI en Río Negro y la llegada de Horacio Llamazares no conforman a los jubilados, que denuncian un “abandono de persona” y exigen una intervención urgente.

En medio de un conflicto con sanatorios privados y reclamos de afiliados, la obra social volvió a cambiar de autoridades. Esta es la cuarta designación en la provincia en los últimos dos años y medio, un dato que enciende todas las alarmas.

“Es gravísima la situación del PAMI”

Gilma García, de la Asociación de Docentes Jubilados, fue contundente en diálogo con ANRoca: “Es gravísima la situación del PAMI, esto ya es un abandono de persona. Son casi 6 millones de argentinos que hoy se encuentran sin acceso a la salud”. Para ella, los cambios internos no modifican el contexto crítico que se vive a nivel nacional.

La docente jubilada consideró que se necesita la intervención de los poderes Legislativo y Judicial para normalizar el organismo. Sobre el nuevo titular, un médico cirujano, opinó: “Me parece que debería haber un médico geriatra aunque anteriormente había un técnico en computación, entonces uno creería que ahora debería mejorar, pero es difícil ante este vaciamiento”.

Además, detalló el impacto concreto en el bolsillo de los jubilados: “Una consulta oftalmológica actualmente sale 60 mil pesos, un neumonólogo 45 mil y hay atención con cupos. Un jubilado con la mínima cobra cerca de 500 mil pesos, ¿cómo se hace? Es de una gravedad absoluta”.

¿Qué reclaman las agrupaciones?

Alberto Ortiz, de Jubilados Fisque Menuco, fue claro: “La resolución de la crisis no depende del representante regional sino de los lineamientos nacionales”. Aseguró que no recibieron información oficial sobre Llamazares y que la capacidad de decisión a nivel regional es limitada.

Desde su agrupación exigen que cese la intervención del gobierno en el PAMI y que se aplique la ley 19.032, que establece la elección de las autoridades con participación de jubilados y trabajadores.

Los reclamos se profundizan con el paso del tiempo: una deuda de alrededor de 500 mil millones de pesos con prestadores, cupos en clínicas y consultorios privados que dejan a muchos usuarios sin atención, y la renuncia masiva de médicos de cabecera por salarios y aranceles desactualizados.

También denunciaron que no se cubren “medicamentos críticos”, muchos utilizados en tratamientos oncológicos, y pidieron que se cumpla con la orden judicial que restituye la cobertura total de esos fármacos.

En el Alto Valle, además, se registraron despidos de trabajadores y faltan centros de atención diaria en localidades como Cervantes. Mientras tanto, los jubilados siguen protestando en las puertas de las oficinas y en las calles.