Cambio radical en Catamarca: desde septiembre, chicos de 14 años podrán ir a la cárcel por delitos que antes quedaban impunes

En diez días, la Justicia argentina dará un giro histórico: los adolescentes de 14 años en adelante podrán ser juzgados y condenados por una lista más amplia de delitos. La nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que entra en vigencia el 5 de septiembre, no solo baja la edad de imputabilidad, sino que también incorpora figuras como el hurto y las amenazas simples.

¿Qué cambia con la nueva ley?

El juez de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, explicó a INFORAMA los ejes de la reforma. Según el magistrado, son dos las modificaciones centrales: “la baja de la edad y el aumento del catálogo punitivo”. Esto implica que chicos de 14 y 15 años que antes no respondían penalmente, ahora podrán ser imputados por delitos como el hurto simple o las amenazas.

Pero, ¿significa esto que cualquier adolescente que cometa una falta terminará preso? Para Gershani Quesada, no. La privación de la libertad sigue siendo una medida excepcional, sujeta a límites y a las circunstancias de cada caso. “No es que ante cualquier hecho hay una privación de la libertad”, aclaró.

Alternativas a la cárcel: mediación y trabajos comunitarios

Para los delitos de menor gravedad, el sistema ofrece otras salidas: mediación, conciliación, disculpas aceptadas por la víctima, trabajos comunitarios o resarcimiento del daño. El objetivo es evitar que una conducta menor termine en un juicio penal. Sin embargo, en delitos graves, estas alternativas son más limitadas.

El riesgo de judicializar conflictos escolares

La ampliación del catálogo también enciende una alerta en las escuelas. Gershani Quesada puso un ejemplo concreto: la rotura de un vidrio en un colegio. Antes, se resolvía con los padres y una sanción educativa; ahora, podría ser considerada un delito e iniciar una investigación penal con peritos, fiscales y testigos. “La ley penal no educa, la ley penal sanciona”, remarcó.

El juez diferenció entre situaciones graves, como bullying que constituya delito, y conflictos menores de convivencia escolar, como discusiones o empujones, que judicializados podrían tener consecuencias desproporcionadas.

El papel de la familia y la prevención

Para el magistrado, la nueva ley también desafía a las familias. “El desafío de nosotros, de los adultos, es que entiendan las consecuencias del acto”, sostuvo. Y agregó: “La familia sigue siendo el eje central”, porque si la familia no cumple su rol, “difícilmente una ley penal los reemplace”.

Gershani Quesada insistió en que la prevención no puede recaer solo en el sistema penal, sino que debe venir de la familia, la escuela, los clubes y otras instituciones. Incluso señaló que muchos conflictos que llegan a los tribunales podrían haberse evitado con una conversación adecuada en casa.

¿Dónde estarán los adolescentes presos?

La nueva normativa exige que los menores privados de libertad estén en lugares especializados, separados de los adultos. En Catamarca, actualmente se los aloja en el Servicio Penitenciario Provincial, en pabellones diferenciados, pero la ley ahora demanda un espacio propio. Por eso, el Poder Ejecutivo está adecuando el Centro Juvenil Santa Rosa, que hoy funciona en modalidad semiabierta, para convertirlo en el lugar destinado a los jóvenes que deban cumplir una medida de encierro.

Delitos sexuales: la preocupación local

Otro punto que alerta al juez es la cantidad de menores detenidos por delitos contra la integridad sexual en Catamarca, que según dijo, supera a los casos por robo agravado. Muchos de estos hechos ocurren en contextos de celebraciones estudiantiles o entre grupos de adolescentes. Para Gershani Quesada, es fundamental que los adultos trabajen en la prevención y que los jóvenes entiendan el concepto de libertad y respeto por el otro.

Una contradicción que preocupa

El magistrado también marcó una paradoja: un chico de 14 años no puede comprar alcohol ni ver ciertas películas porque se lo considera incapaz de decidir, pero a partir de septiembre podrá ser juzgado penalmente por delitos más graves. “Entonces ahí nos encontramos con un niño por un lado, pero con responsabilidades de adulto”, planteó.

Gershani Quesada confesó que hubiera preferido un sistema con más recursos para educación y prevención que para sanción, pero reconoció que la ley ya está aprobada y que a los jueces les toca aplicarla.