Campañas millonarias: cuánto cuesta hoy una banca en la Legislatura de Tucumán

La Constitución de Tucumán solo exige tres requisitos para sentarse en la Legislatura: ser ciudadano argentino, tener al menos 25 años y acreditar dos años de residencia en la provincia. Pero en los hechos, la competencia electoral impone una cuarta condición: una estructura política sostenida con una inversión económica cada vez más alta.

Con las elecciones provinciales convocadas para el 9 de mayo de 2027, el oficialismo y la oposición ya aceleran el armado de sus estrategias. Mientras se negocian candidaturas y listas, gran parte de los esfuerzos se concentra en la logística de una campaña que se extenderá hasta el día de la votación.

La Capital, el distrito clave

La atención vuelve a posarse en San Miguel de Tucumán, el principal distrito electoral de la provincia. En 2023 compitieron allí 40 listas, la mayoría acoples del peronismo y de sectores opositores, para disputar las 19 bancas que representan a la Capital en la Legislatura.

Sin embargo, la gran cantidad de competidores no garantiza el acceso a un escaño. Referentes estiman que el piso de votos necesario para ingresar a la Cámara podría subir entre 2.000 y 4.000 sufragios respecto de la última elección, cuando rondó los 10.000 votos.

En ese escenario, dirigentes y consultores coinciden en que la capacidad financiera para sostener una estructura electoral adquiere un peso decisivo.

Boletas: un gasto que pesa

Aunque el cronograma oficial marca el inicio formal de la campaña para el 9 de abril de 2027, la actividad política ya está en marcha. Muchos aspirantes comenzaron a reservar espacios publicitarios, contratar cartelería, asegurar locales partidarios que funcionarán como búnkeres y planificar la logística para la jornada electoral.

Uno de los principales costos es la impresión de las tradicionales boletas partidarias, sistema que sigue vigente en Tucumán a diferencia de la Boleta Única Papel de las elecciones nacionales. Cada agrupación debe garantizar la provisión y reposición de sus papeletas durante toda la jornada.

Los dirigentes con más experiencia sostienen que una lista competitiva necesita imprimir un volumen equivalente a tres padrones electorales de la Capital, es decir, alrededor de 1,5 millones de boletas, tomando como referencia un padrón cercano a los 500.000 electores habilitados. Ese número permite abastecer las aproximadamente 1.400 mesas de votación y sostener el tradicional reparto domiciliario.

Actualmente, una boleta simple de un solo color ronda los 20 pesos por unidad, aunque el valor suele aumentar a medida que se acerca la elección por el precio del papel. Solo este rubro puede representar una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

Fiscalización y movilización

Otro componente clave es la fiscalización. Los fiscales de mesa controlan el desarrollo de la votación y supervisan el escrutinio provisorio. Aunque muchas fuerzas recurren a militantes voluntarios, es habitual que parte de esos colaboradores reciba una compensación económica.

Las estimaciones actuales indican que cada fiscal podría percibir alrededor de 50.000 pesos, más viáticos para alimentación y traslado, calculados en otro monto similar. Cubrir todas las mesas de la Capital implicaría una inversión cercana a los 140 millones de pesos, cifra que puede incrementarse si se incorporan fiscales generales para supervisar los establecimientos escolares.

Para reducir costos, algunos espacios políticos ya analizan acuerdos entre dirigentes territoriales para compartir parte de la estructura de fiscalización. Otros, en cambio, evalúan implementar un doble esquema de control con representantes tanto de candidatos a legisladores como de postulantes a concejales.

La visibilidad pública también representa un desafío económico. Una campaña básica con alrededor de un centenar de carteles puede demandar unos cinco millones de pesos, mientras que los despliegues más amplios, con aproximadamente 2.000 estructuras, oscilan entre 40 y 50 millones.

A ello se suma el tradicional operativo de movilización de votantes durante la jornada electoral, una práctica habitual en Tucumán. Los referentes territoriales coordinan vehículos para trasladar electores desde distintos barrios hacia los centros de votación. Aunque aún no existen cifras definitivas para 2027, algunos dirigentes anticipan cambios en la modalidad, con una mayor utilización de motocicletas y un control más estricto sobre la cantidad de viajes por automóvil.

Un referente político recordó que en las elecciones de 2023 su estructura trasladó alrededor de 30.000 votantes. Si el costo promedio por pasajero alcanzara los 5.000 pesos, ese operativo demandaría aproximadamente 150 millones de pesos.

Gastos que se acumulan

La maquinaria electoral incluye además numerosos gastos adicionales: campañas en redes sociales, cuyos paquetes básicos parten de entre 300.000 y 600.000 pesos mensuales sin contemplar producción audiovisual ni equipos especializados; actos políticos, que requieren logística, sonido, catering, transporte y material promocional; y hasta prácticas tradicionales como las pintadas callejeras, que pese al crecimiento de la publicidad digital continúan formando parte del paisaje electoral tucumano.

Dirigentes de distintos espacios reconocen que resulta prácticamente imposible establecer un costo único para construir una candidatura competitiva en la Capital. Mientras algunos sectores deberán sostener sus campañas con presupuestos ajustados y estrategias de austeridad, otros proyectan invertir cientos de millones de pesos e incluso hablan de presupuestos calculados en dólares para fortalecer sus estructuras territoriales. En una elección donde pocos miles de votos pueden definir el ingreso o la pérdida de una banca legislativa, la organización y la capacidad financiera aparecen como variables tan determinantes como la propia competencia política.