¿Campos bajo ataque? El proyecto que busca penas de hasta 5 años para el vandalismo rural

El vandalismo en los campos podría tener un castigo mucho más severo. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y crear la figura específica de 'Vandalismo Rural', que promete penas de prisión de 2 a 5 años para quienes dañen la producción agropecuaria.

La iniciativa, que ya tiene estado parlamentario y será debatida próximamente en el Congreso de la Nación, fue anunciada durante las exposiciones rurales realizadas este fin de semana en Salta y Entre Ríos. Los productores buscan dar una respuesta contundente a un delito que, aseguran, quedó impune durante demasiado tiempo.

La nueva figura penal

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, explicó los alcances del proyecto durante su discurso en la Exposición Rural de Salta. La propuesta modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el artículo 184 bis, que tipifica el delito de Vandalismo Rural.

Según el texto, se castigará con prisión de 2 a 5 años a quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados a la producción. La norma también moderniza el delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de agentes biológicos o patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia.

“Durante mucho tiempo quienes vivimos y trabajamos en el campo sentimos que estos hechos quedaban impunes. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda con miles de productores que invierten, generan empleo y producen alimentos para la Argentina y el mundo”, sostuvo Castagnani.

Un problema recurrente

El dirigente recordó que los ataques contra silobolsas e instalaciones rurales se convirtieron en una problemática recurrente en los últimos años, sin una respuesta penal acorde al perjuicio ocasionado. En ese sentido, subrayó que la iniciativa busca defender no solo bienes materiales sino también el trabajo de miles de familias y la seguridad jurídica del país.

“No estamos hablando solamente de proteger bienes materiales. Estamos defendiendo el trabajo de miles de familias, la inversión productiva, la generación de empleo y la seguridad jurídica que necesita cualquier país que quiera desarrollarse. El delito evoluciona y la legislación también debe hacerlo para evitar la impunidad”, afirmó.

Apoyo federal desde Entre Ríos

En paralelo, el vicepresidente 1º de CRA, José Colombatto, reafirmó el compromiso federal de la entidad durante la Exposición Rural de Hasenkamp, en Entre Ríos. Allí destacó como un avance institucional el inicio del tratamiento parlamentario del proyecto y valoró la relación con el Gobierno provincial.

“Creemos en el diálogo institucional, pero dialogar no significa ser complacientes. Podemos construir consensos sin dejar de defender con firmeza los intereses de los productores”, afirmó Colombatto, quien también reclamó un sistema tributario más simple y políticas que incentiven la inversión.

“Es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso. Esto demuestra que el trabajo gremial no termina en un comunicado; cuando un problema del productor se convierte en una discusión parlamentaria, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional”, remarcó el dirigente.