Cañada de Gómez: la maniobra que vaciaba la Caja de Jubilaciones terminó con tres empleados imputados
La Caja de Jubilaciones de Cañada de Gómez quedó en el centro de una causa que ya tiene tres empleados municipales imputados: la maniobra habría vaciado millones de pesos que iban a los jubilados, y ahora la Justicia puso condiciones a los acusados. ¿Qué encontró la auditoría que encendió la alarma?
La Justicia provincial imputó a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por una presunta defraudación contra la administración pública: habrían desviado más de 76 millones de pesos desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones local hacia sus propias cuentas bancarias. La audiencia se llevó a cabo el viernes último en los Tribunales provinciales de esa ciudad.
Las identidades de los acusados se mantuvieron en reserva por pedido de la Fiscalía, la Oficina de Gestión Judicial y el propio municipio. Se los individualizó con las iniciales F.F., M.A.F. y H.C.
El rol de la encargada de la Caja
De acuerdo con la imputación del fiscal Santiago Tosco, F.F. estaba al frente de la Caja de Jubilaciones y habría ocupado el lugar central de la operatoria. Entre noviembre de 2025 y junio de 2026 se habría valido de su posición jerárquica y del control final sobre la carga de datos para introducir transferencias irregulares desde una cuenta institucional del Banco Credicoop hacia su cuenta personal.
¿Cómo habría ocultado los movimientos? Según la Fiscalía, consignaba de forma falsa pagos a jubilados fallecidos, a beneficiarios inexistentes y a terceros ajenos al sistema previsional. Por ese accionar se le atribuye un monto superior a los 25 millones de pesos.
Los otros dos involucrados
La investigación alcanza también a M.A.F. y H.C., que habrían colaborado con la maniobra. A la primera se le imputa haber intervenido en la liquidación de haberes entre enero y junio de este año para redirigir más de 24 millones de pesos hacia una cuenta propia, siempre bajo la apariencia de pagos previsionales.
En el caso de H.C., habría formado parte de la operatoria entre noviembre de 2025 y junio de 2026 y recibido transferencias por más de 27 millones de pesos, sin ningún respaldo ni justificación en el padrón de beneficiarios.
Sumadas, las acreditaciones detectadas en las cuentas de los tres imputados superan los 76 millones de pesos. Para la Fiscalía, esos movimientos generaron un perjuicio económico tanto para las arcas municipales como para la propia Caja de Jubilaciones. Los tres quedaron imputados como coautores de defraudación en perjuicio de la administración pública.
De la auditoría interna a la denuncia penal
El entramado salió a la luz en junio, cuando una auditoría interna advirtió movimientos inusuales y procedimientos irregulares en el circuito de pagos de la Caja. A partir de ahí, el Municipio apartó de sus funciones y sin goce de sueldo a los agentes involucrados y abrió actuaciones administrativas.
La denuncia penal se presentó formalmente el 2 de julio por el secretario de Gobierno, Luciano Travaglino. En ese momento el funcionario había explicado que se investigaban transferencias de anticipos por montos superiores a los autorizados y pagos que seguían figurando a nombre de personas fallecidas pero que terminaban en cuentas bancarias ajenas a esos beneficiarios.
En paralelo, el Concejo aprobó la contratación por 90 días de una ex empleada municipal, Mabel Scrosatti, para asistir y auditar el organismo previsional.
Libertad con condiciones
El juez Álvaro Campos admitió la calificación legal propuesta y resolvió que los tres imputados transiten el proceso en libertad, con una serie de medidas alternativas que regirán por 90 días, hasta el 29 de enero de 2027.
Entre las obligaciones impuestas deberán fijar domicilio, presentarse una vez por mes ante la Oficina de Gestión Judicial y abstenerse de salir del país. Tampoco podrán ingresar a la dependencia de la Caja de Jubilaciones sin autorización judicial.
