Cannabis en Entre Ríos: la ley que promete derechos pero choca contra la burocracia y el estigma

La regulación del cannabis en Entre Ríos avanza entre conquistas legales y resistencias que nadie esperaba. Mientras la Ley Provincial 10.894 es celebrada como un hito, su aplicación real sigue trabada por la falta de reglamentación y la persistencia de viejas prácticas judiciales.

En un ciclo de debates organizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el abogado Andrés Bacigalupo y la antropóloga Brígida Renoldi pusieron sobre la mesa las contradicciones de un sistema que reconoce derechos en el papel pero los niega en la práctica. Ambos expertos analizaron cómo las normas conviven con el estigma y la desigualdad social.

¿Qué dice la ley provincial?

Entre Ríos sancionó en su momento la Ley Provincial N.º 10.894, un régimen de accesibilidad al cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor. Para Bacigalupo, especialista en garantías constitucionales, se trata de "un cuerpo normativo de excelencia en el país, siendo hasta la actualidad una ley muy poco superada".

El abogado destacó que la norma establece en su artículo segundo un principio de accesibilidad que reconoce el acceso al cannabis como un derecho humano fundamental, ligado al derecho a la salud. Sin embargo, la realidad dista de ese ideal.

El principal obstáculo: la falta de reglamentación

Bacigalupo fue contundente al señalar el freno que impide que la ley se aplique de lleno: "En la actualidad, el principal obstáculo para que comience a entrar en vigencia efectivamente la Ley Provincial 10.894 es precisamente su falta de reglamentación por el Poder Ejecutivo". Esa reglamentación debía crear la autoridad de aplicación en el Ministerio de Salud provincial, pero aún no se concreta.

Mientras tanto, los usuarios entrerrianos siguen amparados por la normativa nacional, como el REPROCANN, pero sin el respaldo específico que prometía la ley local.

La mirada antropológica: entre la norma y la práctica

Renoldi, investigadora del CONICET, aportó una perspectiva que incomoda: las leyes no siempre acompañan la velocidad de los cambios sociales. "Cuando hablamos de legislación, de lo prohibido y lo permitido, estamos hablando de una soberanía sobre ciertas prácticas sociales que el propio Estado impone y ordena", explicó.

Esa distancia entre lo escrito y lo vivido genera tensiones. Y en el terreno judicial, las consecuencias son concretas: la policía sigue allanando cultivos registrados y deteniendo a personas autorizadas. "Los agentes estatales tienen que estar informados pero es algo que no se da a menudo", lamentó Renoldi.

Estigma y desigualdad: ¿a quién castiga la ley?

Ambos especialistas coinciden en que el prohibicionismo no desapareció, solo se transformó. "La regulación actual tiene componentes selectivos y está orientada a reprimir ciertas prácticas asociadas a la sociabilidad juvenil", advirtió Renoldi.

Bacigalupo fue más lejos: "Se han visto muchas veces persecuciones a personas que incluso se encuentran registradas y autorizadas debidamente". La falta de capacitación de las fuerzas de seguridad es, para él, una de las causas centrales de estas injusticias.

La investigadora señaló que el sesgo punitivo recae con más fuerza sobre los sectores vulnerables. "Hay una jerarquización y una desigualdad que tiene que ver con visiones sobre sectores sociales e incluso sobre territorios habitados por personas que incomodan", afirmó.

El papel de la universidad pública

Frente a este panorama, Bacigalupo reclamó sostener los espacios de debate: "Toda esta situación es preocupante y sigue requiriendo de un debate social mucho más profundo y continuo". La universidad pública, dijo, es el ámbito ideal para formar a los agentes del Estado y derribar estigmas.

El próximo encuentro del ciclo será el 13 de agosto a las 18 horas en la FCEDU, Auditorio Rodolfo Walsh, Buenos Aires 389, Paraná. La modalidad será híbrida y requiere inscripción previa.

La evidencia científica sobre el sistema endocannabinoide y el uso clínico del cannabis respalda estos cambios normativos. Sin embargo, el debate recién comienza.