Cannava: la orden interna que los trabajadores cumplieron cada vez que llegaba una auditoría

Una ex operaria de la planta que Cannava tiene en Finca El Pongo puso en palabras lo que, según su relato, ocurría cada vez que arribaba una comitiva de inspectores: los empleados eran escondidos para que los controles externos no vieran cómo funcionaba realmente el predio.

El testimonio, difundido en el programa Sobremesa, apunta a la conducción de la empresa estatal de cannabis y deja al descubierto una distancia enorme entre lo que muestran los informes oficiales y el día a día de la planta.

"Nos escondieron cuando llegaron los auditores (...) no nos vieron trabajar, nos tenían escondidos hasta que se fueron y recién salimos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo", relató la trabajadora.

De acuerdo con su versión, la comitiva fue guiada por un recorrido acotado: solo los invernaderos 10 y 11. El resto de las instalaciones quedó fuera de la vista de los visitantes.

Producción frenada y estructuras deterioradas

El relato no se limita a los controles. La operaria sostuvo que la elaboración de aceite de cannabis medicinal lleva cerca de dos años sin actividad y que las tareas se reducen al mantenimiento de plantas afectadas una y otra vez por plagas.

"Solamente están sacando cogollo que sale mucho con hongo; en enero tiraron casi 900 kilos", detalló.

El estado edilicio tampoco escapa a su descripción. Sobre los sectores 12 al 14, aseguró que "las puertas no se pueden ni cerrar, los ventiladores no funcionan y las malezas rompen las lonas del piso".

A eso sumó otra situación que involucra a los vecinos de la zona: el riego se alimentaría con bombas conectadas a la red pública de agua potable, lo que dejaría sin suministro a familias rurales del área.

Guzmán: "¿Quién me da la trazabilidad sobre lo anterior?"

La abogada y referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Cristina Guzmán, tomó el testimonio como una confirmación de las advertencias que venía haciendo sobre la viabilidad del emprendimiento estatal.

Su mirada se centra en una resolución publicada en el Boletín Oficial que cambia el estatus jurídico de Cannava: pasa de Sociedad del Estado (S.E.) a Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Para la dirigente, ese movimiento tiene un objetivo concreto: archivar responsabilidades administrativas y penales por las decisiones del directorio saliente y del entrante.

"Cambia de estatus jurídico a una sociedad anónima unipersonal. ¿Por qué le cambian el estatus? Cortamos y es otra sociedad. ¿Quién me da la trazabilidad sobre lo anterior?", cuestionó.

La letrada puso el foco en el dinero invertido y en lo que, según ella, no se hizo con él: "Estamos hablando de más de 100 millones de dólares asignados por boletines oficiales con los que se podrían haber construido más de 4.000 viviendas".

Y apuntó contra la prioridad del gobierno provincial: "Un gobierno, en lugar de priorizar techos para las familias, le da todo a la marihuanera, y encima con semejante inversión no se cumple el fin medicinal para el cual fue creada".

El Remate: un solo policía para custodiar el predio

Guzmán también habló de las plantaciones complementarias en Finca El Remate, en Palpalá. Allí denunció la ausencia de controles federales por parte de Gendarmería Nacional y remarcó que la custodia del lugar queda en manos de un único efectivo policial.

Por último, desestimó las embestidas del oficialismo en torno a la denominación del Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán. Las calificó como "una maniobra baja y tonta para desviar la atención" de los cuestionamientos sobre el manejo de la caja pública en Cannava.