Capitanich propone convertir los ecosistemas en activos financieros con tokenización

El senador nacional Jorge Capitanich presentó ante las Comisiones de Ambiente y Legislación General del Senado su proyecto de Ley de Activos Financieros Ambientales, una iniciativa que busca transformar el valor de los recursos naturales en una herramienta de financiamiento y desarrollo.

La propuesta, denominada “Marco regulatorio para la emisión y desarrollo de activos financieros ambientales”, plantea un sistema para identificar, certificar y valorizar los servicios que generan los ecosistemas argentinos, y luego convertirlos en unidades digitales comercializables en los mercados de capitales.

“Buscamos transformar el valor de nuestros recursos ambientales en una herramienta concreta para el desarrollo. Tiene una importancia estratégica para la República Argentina”, sostuvo Capitanich durante su exposición.

Un cambio de paradigma: de la conservación punitiva a los incentivos

El proyecto parte de un diagnóstico contundente: Argentina posee un patrimonio natural diverso que brinda servicios ecosistémicos vitales para la vida y la economía, pero gran parte de ese valor no tiene una remuneración económica directa. Esa falta de incentivos, según el senador, ha llevado a la degradación de los activos ambientales, afectando el derecho constitucional a un ambiente sano.

“Se puede considerar a los países en desarrollo como acreedores ambientales, ya que sus ecosistemas brindan sostenibilidad a la economía mundial”, señaló Capitanich, en un contexto de riesgo sistémico por el cambio climático.

La iniciativa propone pasar de un modelo de conservación punitivo a uno de incentivos financieros basado en tecnología moderna. Bajo un enfoque ecosistémico, “quien conserva, restaura o ayuda a mantener funciones ecosistémicas, recibe incentivos económicos”, explicó.

¿Qué propone el proyecto?

El marco regulatorio contempla mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos como la mitigación de emisiones, la regulación hídrica, la conservación de suelos, la biodiversidad y la belleza paisajística. Estos servicios, generados por el capital natural, serían la base de los Activos Financieros Ambientales.

Estos activos serían unidades digitales que representan certificados o derechos sobre servicios ecosistémicos previamente verificados. Para su emisión se requiere una certificación previa y un monitoreo geoespacial periódico o continuo, mientras que la Comisión Nacional de Valores controlaría la emisión y oferta pública.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación de la tokenización ambiental: la representación digital de los servicios certificados mediante tecnología blockchain. El proyecto incluye criterios de transparencia, trazabilidad, verificabilidad e integridad ambiental para evitar la doble contabilización.

La valoración de los servicios estará a cargo de la autoridad de aplicación, siguiendo los estándares de la Contabilidad Económica Ambiental de Naciones Unidas, con validaciones nacionales e internacionales y revalidaciones periódicas.

Beneficiarios y uso de los fondos

Si se sanciona la norma, se verán beneficiadas personas humanas y jurídicas, comunidades indígenas y rurales que tengan un compromiso formal de conservación y manejo sostenible del ambiente, tanto en propiedades privadas, públicas como comunitarias.

Capitanich detalló que los fondos obtenidos se destinarían a infraestructura crítica regional, regularización dominial y seguridad jurídica de la tierra, manejo sostenible para productores locales y comunidades originarias, proyectos productivos orgánicos o artesanales, turismo ecológico, monitoreo y fiscalización ambiental, y pagos directos a beneficiarios.

Además, se habilita la constitución de fideicomisos públicos provinciales-nacionales con rendición anual auditada. El incentivo central del proyecto son las exenciones impositivas de hasta 10 años para las inversiones en estos activos financieros ambientales.