Un permiso de ocupación firmado en diciembre de 2021 y dos fracciones de 1.250 hectáreas cada una pesaron en la balanza. La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Capitanich y Soneira, pero una jueza votó en contra: qué argumentó.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó este martes los procesamientos del exgobernador Jorge Capitanich y de la exministra Marta Soneira por presuntas maniobras defraudatorias en la adjudicación de tierras fiscales. Las juezas Rocío Alcalá y Patricia García consideraron que hay elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la hipótesis de una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios.
La decisión no fue unánime. La jueza María Virginia Ise votó en disidencia y sostuvo que a Capitanich debía revocársele el procesamiento y dictársele la falta de mérito. El tribunal, además, confirmó la incompetencia del fuero federal, por lo que la causa pasará a la justicia ordinaria del Chaco.
La resolución firmada por Alcalá, Ise y García también confirmó los procesamientos de Mauricio Cian, Federico Storti y Leandro Bessone. En cambio, revocó el procesamiento de Nelson Ariel Pochón y le dictó la falta de mérito al entender que todavía no hay elementos suficientes para vincularlo con la maniobra investigada.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el voto de mayoría rechazó los planteos de las defensas y consideró que los elementos reunidos permiten mantener la hipótesis de una maniobra coordinada para obtener irregularmente tierras pertenecientes al Estado provincial. Los procesamientos habían sido dictados el 16 de julio por el juez federal subrogante de Sáenz Peña, Fernando Carbajal, y ahora quedaron ratificados en esta instancia.
Los argumentos contra Soneira
En el caso de la exministra, las camaristas valoraron sus distintas intervenciones en el circuito administrativo de adjudicación de tierras fiscales, primero como presidenta del Instituto de Colonización y luego desde cargos ministeriales.
Entre los elementos que tuvieron en cuenta mencionaron que Soneira conocía los vínculos económicos entre su pareja, Mauricio Cian, y los empresarios que resultaron beneficiarios de las adjudicaciones. También destacaron que mantuvo su intervención funcional en actuaciones relacionadas con ese mismo grupo.
Uno de los puntos que adquirió particular relevancia fue el permiso de ocupación que la exfuncionaria habría otorgado a Leandro Bessone el 23 de diciembre de 2021, cuando estaba al frente del Instituto de Colonización, para ingresar y ocupar la parcela identificada como PC 96.
Para la Cámara, ese antecedente permite sostener provisoriamente que su intervención no se limitó a refrendar expedientes administrativos tramitados por otras áreas, sino que habría tenido participación funcional directa en el procedimiento. Por esos motivos, confirmó su procesamiento como coautora de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, todos en concurso ideal.
Por qué confirmaron el procesamiento de Capitanich
Respecto del exgobernador, la Cámara rechazó el argumento de su defensa según el cual su participación se había limitado a firmar los decretos que ratificaron las adjudicaciones, después de que los expedientes atravesaran las distintas instancias administrativas y técnicas.
Las juezas Alcalá y García entendieron que la intervención del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 72 de la Ley 471-P no constituía un acto meramente protocolar. Por el contrario, representaba una instancia adicional de control institucional y una condición necesaria para dar eficacia a las adjudicaciones de tierras superiores a las 300 hectáreas.
En ese sentido, remarcaron que Capitanich suscribió los decretos que ratificaron las adjudicaciones de dos fracciones de aproximadamente 1.250 hectáreas cada una, correspondientes a Federico Storti y Leandro Bessone.
Para las magistradas, una vez acreditada provisoriamente la existencia de una secuencia orientada a obtener irregularmente tierras fiscales, la intervención del entonces gobernador aparece como un aporte necesario para concretar las adjudicaciones. También consideraron que la magnitud de las superficies involucradas, las circunstancias particulares de las operaciones y la reiteración de su participación en actos decisivos constituyen indicios suficientes para sostener, en esta etapa, que pudo haber actuado con conocimiento de los aspectos relevantes de la maniobra.
De todos modos, la resolución aclara que durante el avance de la investigación deberá establecerse con precisión qué información conocía efectivamente Capitanich, cuál fue el alcance de su intervención y si se configuran definitivamente los elementos subjetivos de los delitos atribuidos.
La disidencia de Ise
La confirmación del procesamiento del exgobernador no fue unánime. La jueza María Virginia Ise votó en disidencia y consideró que correspondía revocar la medida y dictarle la falta de mérito.
Para la magistrada, la sola firma de los decretos 1041/2023, 973/2023 y 2930/2022 no permitía acreditar una intervención dolosa en la maniobra. Sostuvo que no había elementos concretos que demostraran que el entonces gobernador conocía las irregularidades o que hubiera actuado de común acuerdo con los beneficiarios.
Ise también reivindicó el principio de confianza en las estructuras administrativas complejas, según el cual una autoridad puede presumir, en principio, que las áreas técnicas y jurídicas cumplieron regularmente sus funciones.
Qué pasó con los demás imputados
La Cámara también confirmó los procesamientos de Mauricio Cian, Federico Storti y Leandro Bessone por fraude en perjuicio de la Administración Pública.
En relación con Storti y Bessone, las juezas consideraron relevantes las coincidencias entre sus proyectos productivos, la presentación simultánea de solicitudes para obtener dos fracciones contiguas de 1.250 hectáreas y las inconsistencias detectadas en la información aportada para acceder a las tierras.
Entre ellas, mencionaron que ambos manifestaron no poseer inmuebles propios y contar con diez empleados, afirmaciones que no encontrarían correspondencia con la información patrimonial y laboral incorporada a la causa.
En cambio, el tribunal revocó el procesamiento de Nelson Ariel Pochón y le dictó la falta de mérito. Consideró que su intervención estuvo circunscripta a continuar trámites administrativos vinculados con inmuebles cuyos antecedentes se remontaban a 1996 y 1997, sin que se identificaran falsedades, ocultamientos o aportes concretos a la maniobra investigada.
La causa pasa a la Justicia provincial
Otro aspecto central de la resolución fue la confirmación del rechazo a la calificación de lavado de activos prevista en el artículo 303 del Código Penal.
La Cámara consideró que no se había logrado reconstruir suficientemente una secuencia autónoma de operaciones posteriores destinadas a introducir en el circuito económico formal los bienes o ganancias provenientes de las presuntas irregularidades.
En consecuencia, también confirmó la declaración de incompetencia de la Justicia Federal. Una vez que la resolución quede firme, las actuaciones deberán remitirse a la Justicia del Chaco para que continúe la investigación por los delitos vinculados con la administración del patrimonio provincial.
De esta manera, el fallo deja firme, en esta instancia, el procesamiento de Capitanich y Soneira, junto con el de otros tres imputados, por la presunta maniobra de adjudicación irregular de tierras fiscales.