Captaban mujeres vulnerables para vientres subrogados: el insólito pedido del abogado a una gestante

La Justicia federal de Córdoba procesó al dueño de una clínica de fertilidad acusado de captar mujeres en situación de vulnerabilidad económica para realizar gestaciones por sustitución con fines comerciales. La causa también alcanza a una empleada administrativa y a un abogado que habrían participado en la maniobra.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes dictó el procesamiento en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, junto al fiscal general Carlos Gonella y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

¿De qué se acusa a los imputados?

Los tres acusados fueron procesados por trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de reducción a la servidumbre y explotación reproductiva, agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad. Además, el abogado también fue acusado por falsedad ideológica.

Como parte de la resolución, el magistrado ordenó embargos por un total de $1.051.200.000 para garantizar eventuales reparaciones a las víctimas.

¿Cómo operaba la presunta red?

Según la investigación, la clínica Fecundart, ubicada en el barrio Nueva Córdoba, utilizaba su base de datos de donantes de óvulos para identificar mujeres con necesidades económicas urgentes. Eran convocadas inicialmente para donar gametos a cambio de una compensación económica y luego eran “tentadas” para subrogar sus vientres por sumas cercanas a los 10 mil dólares.

Para el juez, tanto el dueño de la clínica como la empleada conocían el contexto de vulnerabilidad de las mujeres involucradas y aun así avanzaban con los tratamientos médicos. Incluso, en algunos casos, se realizaron transferencias embrionarias sin autorización judicial previa.

Una de las víctimas sufrió complicaciones de salud después de una cesárea y la clínica habría abandonado el seguimiento médico posterior al parto.

El rol del abogado y los mensajes reveladores

En relación al abogado procesado, el expediente sostiene que administraba “como si fuera un supermercado” un “stock” de gestantes y personas interesadas en acceder a estos tratamientos. Además, según el peritaje realizado sobre su teléfono, daba instrucciones a las mujeres para que afirmaran ante la Justicia que tenían una “amistad previa” con los padres intencionales.

Entre los mensajes incorporados a la causa, se encontraron indicaciones para que las mujeres memorizaran respuestas antes de las audiencias y pedidos para que “no hablen de más”. En otro episodio, el abogado le habría pedido a una mujer que cambiara su foto de perfil de WhatsApp y se quitara las uñas postizas antes de reunirse con una pareja interesada en el procedimiento para dar “una mejor impresión acerca del ‘producto’ que ofrecía”.

Uno de los casos mencionados en la resolución judicial involucra a una mujer de 33 años que fue ofrecida nuevamente como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz mediante el mismo procedimiento. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, ocultar esa información expuso a la víctima a riesgos graves para su salud.

En su fallo, Sánchez Freytes remarcó que la gestación por sustitución no está prohibida en la Argentina y que existen antecedentes judiciales que la admiten en casos solidarios y sin fines comerciales. Sin embargo, advirtió que este tipo de prácticas puede convertirse en un delito cuando existe explotación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes. Además, sostuvo que la falta de una ley específica “no autoriza el comercio o alquiler de vientres”.