Carga dinámica de la prueba: la clave de la ley antidiscriminación que impulsa Guerrera

El proyecto de ley contra la discriminación que impulsa Alexis Guerrera en la provincia de Buenos Aires obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado bonaerense. La iniciativa, que busca actualizar una normativa nacional de 1988, incorpora un mecanismo que podría facilitar las denuncias: la carga dinámica de la prueba.

Guerrera, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y exintendente de General Pinto, defendió el proyecto en el recinto en un contexto que definió como complejo. Según planteó, existe una "bajada política innegable" que busca naturalizar la discriminación y el negacionismo. "Sin igualdad real no hay ciudadanía plena, no hay comunidad posible", sostuvo el legislador del Frente Renovador.

Qué situaciones incorpora

El texto amplía las categorías que pueden ser consideradas discriminatorias, aunque la lista no es taxativa. Entre otras, menciona el color de piel, la etnia, el origen nacional y social, la situación migratoria, la condición de refugiado, la lengua, las convicciones religiosas, la opinión política, la orientación sexual, el género, la edad, el embarazo, la discapacidad, la situación socioeconómica y los antecedentes penales.

Además, incorpora una cláusula que permite contemplar otras condiciones que puedan convertirse en nuevos motivos de discriminación. La iniciativa establece que el carácter discriminatorio de un acto es independiente de que la persona que lo realizó lo perciba como tal, y abarca conductas que transmitan dominación, desigualdad o exclusión mediante estereotipos, insultos o humillaciones.

El punto central: quién tiene que probar la discriminación

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de la carga dinámica de la prueba. En la práctica, el denunciante debe aportar elementos que permitan presumir que existió un acto discriminatorio. Si esos elementos son suficientes, la parte denunciada deberá demostrar que su conducta tuvo una razón objetiva y razonable, ajena a cualquier motivo discriminatorio.

Guerrera resumió el diagnóstico al señalar que hay víctimas a las que se les exige "probar lo imposible", y agregó: "El derecho existe en el papel, pero su vulneración queda impune". El mecanismo no se aplica en materia penal, donde el proyecto establece que esas presunciones no rigen.

Quiénes pueden reclamar

La iniciativa habilita que no solo la víctima pueda denunciar, sino también la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos, otros organismos con competencia y organizaciones civiles reconocidas que trabajen contra la discriminación. El objetivo es que una situación que afecta a un grupo vulnerable encuentre canales institucionales de respuesta.

Qué pasa si se acredita la discriminación

El proyecto establece que la persona afectada pueda solicitar el cese del acto discriminatorio y que la autoridad interviniente adopte medidas para prevenir que vuelva a ocurrir. En casos de afectación social a un grupo vulnerado, se habilitan medidas de reparación como campañas de sensibilización, programas de capacitación, medidas de acción positiva y disculpas públicas.

También se contemplan medidas de capacitación para quien haya sido condenado por un acto discriminatorio. La iniciativa dedica un capítulo a la prevención, con campañas de difusión, contenidos en el sistema educativo y capacitación para funcionarios. Las oficinas públicas y establecimientos privados con acceso público deberán exhibir cartelería con información para realizar denuncias.

El debate político detrás de la iniciativa

Guerrera sostuvo que hay un sector de la política que "viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda" y cuestionó que esos discursos no tengan consecuencias. "Las peores persecuciones empezaron con un mínimo detalle, con una discriminación aceptada, con un silencio complaciente", afirmó.

Desde el PTS-FIT, Christian Castillo acompañó el proyecto y llevó la discusión al terreno laboral, mientras que Sofía Vannelli destacó el impacto para colectivos que encuentran dificultades para acceder a la Justicia. La Cámara de Diputados dio media sanción y ahora el proyecto comenzará su recorrido en el Senado bonaerense.