Cargos clave, familiares y polémicas: los 203 pliegos judiciales de Milei que sacuden al Senado
¿Sabías que entre los 203 pliegos que Milei envió al Senado hay jueces con vínculos directos con la causa $LIBRA y familiares de la Corte? Te contamos cuáles son los nombramientos que más polémica generan y qué hay detrás de la estrategia oficial.
El Gobierno de Javier Milei aceleró a fondo su plan de control sobre el Poder Judicial. Con el ministro Juan Bautista Mahiques como principal operador, ya envió al Senado 203 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores, una cifra que el propio funcionario celebró como un récord histórico. Pero entre tantos nombres, hay varios que encienden alarmas por sus vínculos familiares, políticos y hasta por causas sensibles que involucran al propio Presidente.
Un récord que esconde una estrategia
Este martes, Mahiques confirmó en sus redes que el Ejecutivo superó todas las marcas previas de designaciones judiciales en un solo año. “Con 203 pliegos judiciales enviados al Senado, @JMilei es el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Un récord histórico”, escribió. Y agregó que “cada uno de ellos es un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos”.
El número no es casual. Según datos del Consejo de la Magistratura, hoy hay 327 vacantes sobre un total de 1002 cargos de jueces a nivel nacional y federal, lo que representa un 32,63%. En el Ministerio Público Fiscal, antes de esta ola de nombramientos, había 190 cargos vacantes sobre 367 fiscalías. El Gobierno busca tapar esos huecos, pero también acomodar a personas afines en lugares estratégicos.
Los nombramientos más escandalosos
Entre los pliegos ya aprobados, hay varios que generan polémica. Uno de ellos es el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, designado el 12 de junio como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Un gesto claro hacia la cúpula del máximo tribunal, y un golpe para el sector de Ricardo Lorenzetti, que había impulsado a Ariel Lijo.
Otro caso es el de Ana Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la causa $LIBRA donde está imputado Milei. Juan fue nombrada jueza federal de Hurlingham el 15 de julio. Mientras tanto, su marido desplazó a los querellantes de esa causa, dejando solo al fiscal Eduardo Taiano. Ese apartamiento será revisado por la Cámara Federal porteña el 10 de agosto.
También está Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario de Ariel Lijo, que ahora quedó al frente del juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, donde tramita la causa contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Y Pablo Wilk, exsecretario del juez Luis Armella en Quilmes, vinculado al caso “Gestapo antisindical” contra el “Pata” Medina, que ahora integra el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata.
La Cámara del Trabajo, bajo la lupa
El Gobierno también está copando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con jueces de perfil antiobrero. El caso más emblemático es el de Víctor Pesino, que votó a favor de la reforma laboral y fue premiado con una extensión de su mandato por cinco años a pesar de tener 75 años. Su decreto se publicó el 21 de julio, un día después de su fallo favorable al oficialismo.
Al día siguiente, el 22 de julio, se oficializaron otros cinco nombramientos para esa cámara, casi todos con un claro sesgo empresarial. Entre ellos, Marina Edith Pisacco, esposa del periodista Adrián Ventura, y Diego Fernando Manauta, exasesor del Grupo Techint y socio del estudio de Julián de Diego, uno de los redactores de la reforma laboral. También se suman Claudio Loguarro, María Claudia Jueguen y Diego Tula.
La estrategia es clara: mientras se avanza con la disolución del fuero laboral y su traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, se quiere dejar una mayoría de jueces afines que blinden la legislación antiobrera.
Los que esperan turno en el Senado
Entre los pliegos que aún no fueron tratados, los más relevantes son los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, candidatos a la Cámara Federal porteña, un tribunal clave para las causas políticas. Ambos serán discutidos el 12 y 13 de agosto en la Comisión de Acuerdos. Yadarola, juez en lo penal económico, participó del famoso viaje a Lago Escondido con Mahiques y ejecutivos del Grupo Clarín. Bertuzzi, por su parte, es uno de los jueces que Macri nombró de forma irregular y que ahora busca regularizar su situación con un concurso express.
Si el Senado los aprueba, podrán quedarse en el cargo hasta los 75 años y podrían intervenir en la causa $LIBRA, un tema que sigue de cerca el Presidente.
La Corte, la próxima batalla
Mientras tanto, en la Corte Suprema siguen vacantes dos sillones, los que dejaron Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Mahiques ya habría propuesto cinco candidatos a Milei, entre ellos el juez de Casación Mariano Borinsky, conocido por sus encuentros de tenis con Macri en Olivos. Pero el Presidente no tiene apuro, aunque el año electoral podría complicar cualquier designación.
El propio Mahiques tiene aspiraciones para ser Procurador General, otro cargo vacante. Y su padre, Carlos Mahiques, logró quedarse en Casación hasta los 75 años con un contundente apoyo en el Senado: 58 votos a favor y solo 11 en contra. Ese resultado es visto como una señal de que el clan podría imponer también a sus candidatos para la Corte.
La avanzada del Gobierno sobre la Justicia no se detiene. Mientras tanto, los pliegos siguen llegando al Senado, y con ellos, las sospechas de un armado judicial a medida.