Casi 12 años de juicio, dos médicos imputados y un final sin sentencia para una paciente de San Luis
Dos médicos imputados por la muerte de una paciente en San Luis evitaron el juicio oral con un acuerdo económico. El viudo firmó, pero dejó una frase que lo dice todo: “He aceptado este acuerdo, mas no estoy conforme”. ¿Qué pasará con la causa penal?
La jueza María del Valle Durán homologó un acuerdo de reparación integral entre los profesionales Carlos Merelli y Roberto Carió y el viudo de Yulie Viviana Huamán Rivera, quien murió en 2014 tras atenderse en la Clínica Italia. La causa penal no se cierra todavía: depende de que se paguen las cuotas pactadas.
El caso por la muerte de Huamán Rivera, ocurrida en noviembre de 2014, se encamina a su cierre sin que los dos médicos que seguían imputados por homicidio culposo lleguen a juicio oral. La magistrada del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial avaló el convenio alcanzado entre los profesionales y Luis Sierra, esposo de la víctima.
La resolución, sin embargo, no implica el sobreseimiento inmediato. Para que la acción penal se extinga y la causa se archive de forma definitiva, Merelli y Carió deberán cumplir con la totalidad de los pagos comprometidos y acreditarlos en el expediente judicial.
Un acuerdo con disconformidad
Sierra aceptó los términos del convenio, pero dejó constancia de su malestar con el resultado del proceso. “He aceptado este acuerdo, mas no estoy conforme. Lo hago con una finalidad de poner fin a este largo proceso”, declaró durante la audiencia.
El hombre explicó que la decisión estuvo motivada por el desgaste personal y familiar que significaron casi doce años de trámites judiciales. También remarcó que la vida de su esposa no tiene precio y cuestionó que otro profesional al que consideraba responsable haya quedado fuera del proceso penal.
Qué incluye la reparación
El convenio establece una suma que los médicos deberán abonar a Sierra. El pago se estructura en una entrega inicial al concluir la audiencia y el resto en tres cuotas, con vencimientos a los 30, 45 y 60 días.
Además, Merelli y Carió se hicieron cargo de los honorarios del abogado de la querella, Ramón Chávez. Como contrapartida, Sierra se comprometió a no iniciar nuevas acciones económicas contra los profesionales por los conceptos alcanzados por el acuerdo.
El letrado de la familia señaló que el convenio se celebró de manera libre y voluntaria y que buscó poner fin tanto al conflicto penal como al reclamo civil. La defensa de los médicos, ejercida por Bernardo Ramón Estrada, respaldó el pedido de homologación.
La jueza Durán verificó que las partes comprendieran las condiciones y consecuencias legales del acuerdo y que prestaran su consentimiento con la asistencia de sus abogados.
La acusación que no llegó a juicio
La fiscal de Instrucción en lo Penal N.º 5, Débora Roy Gitto, no objetó el convenio y lo consideró una salida alternativa válida prevista por la ley para este tipo de conflictos.
Durante la audiencia, la funcionaria recordó que la imputación contra Merelli y Carió se basaba en la presunta omisión de estudios diagnósticos y de interconsultas con otros especialistas mientras Huamán Rivera estaba internada. Según la hipótesis fiscal, esas falencias impidieron detectar a tiempo el cuadro clínico y adoptar las medidas necesarias, lo que podría haber evitado el desenlace fatal.
La fiscalía había pedido para cada médico dos años de prisión y seis años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. En julio de 2026, el Juzgado de Garantía N.º 3 admitió la acusación y elevó la causa a juicio.
Roy Gitto explicó que, al tratarse de un delito culposo —sin intención de causar la muerte—, la legislación permite acudir a mecanismos de reparación integral. También precisó que la investigación llegó a su Fiscalía en junio de 2025 y que desde entonces se avanzó con la oferta de pruebas y el control de la acusación.
Una historia clínica de 2014
Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia, donde fue operada tras un diagnóstico de colecistitis aguda y litiasis vesicular. Después del alta, volvió a ser internada por el agravamiento de su estado. Permaneció varios días bajo atención médica sin que se estableciera un diagnóstico certero sobre el origen de su cuadro.
El 13 de noviembre fue trasladada al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció al día siguiente. Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.
La investigación también involucró a otros profesionales. Sergio Ferreyra fue sobreseído tras cumplir un acuerdo de reparación integral, mientras que Marcelo Fabián Velázquez alcanzó otro convenio con la querella.
