Casi 28 hectáreas en Neuquén que “no eran de nadie”: la historia que terminó en manos del Estado

En el barrio Valentina Norte de Neuquén capital, entre las calles Crouzeilles, Punta Indio y Carhué, hay casi 28 hectáreas que durante años cambiaron de dueño sin que nadie advirtiera que, en rigor, no pertenecían a nadie. Casas a medio levantar, carteles de “propiedad privada” sobre terrenos fraccionados hace pocos meses y hasta una sede de la Mutual Policial conviven hoy sobre un predio que la Justicia neuquina terminó entregando al Consejo Provincial de Educación (CPE).

El origen del conflicto se remonta a la muerte de Hugo Tonca, un hombre sin hijos que se había divorciado de su esposa antes de fallecer y que pasó sus últimos años en concubinato con otra mujer. Esa historia personal, que parecía trivial, se volvió el eje de una disputa judicial que lleva más de dos décadas.

Una declaratoria de herederos que se derrumbó

Cuando Tonca murió, la Justicia declaró heredera a quien había sido su esposa. Con ese título, la mujer dispuso de las tierras: vendió una fracción a la Mutual Policial de Neuquén, llegó a acuerdos con la concubina del fallecido y cedió otras porciones como pago de honorarios a un número importante de abogados que intervinieron en el expediente. Según las fuentes, fueron más de ocho los estudios jurídicos que participaron del reparto, y buena parte de los beneficiarios eran personas en situación de vulnerabilidad.

El esquema se cayó cuando otra mujer se presentó en el expediente y demostró que el divorcio de Tonca con su primera esposa era anterior a la muerte, por lo que aquella declaratoria no tenía sustento. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén anuló todo lo actuado y declaró la vacancia de la herencia. Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso y dejó firme esa decisión.

El Estado como heredero de última instancia

La ley de creación del CPE —la N° 242, en su artículo 28— establece que las herencias declaradas vacantes en la provincia pasan automáticamente al patrimonio del organismo. No es un mecanismo excepcional: buena parte de las tierras y departamentos que administra el CPE en distintos puntos de Neuquén llegaron por esa vía.

En el expediente de Tonca, el Consejo asumió primero el rol de curador de los bienes y, una vez saldadas las deudas de la sucesión, quedará como titular pleno del predio. Desde el organismo resaltan que ese rol no es una gestión administrativa transitoria: el Estado tiene “un interés directo y definitivo” sobre los bienes vacantes.

La única excepción reconocida hasta ahora es la fracción de aproximadamente cinco hectáreas que compró la Mutual Policial. El TSJ, mediante un acuerdo de marzo de 2022, validó esa operación y le reconoció la titularidad a la entidad, pese a haber anulado el resto de los actos dispuestos por la falsa heredera.

Buena fe, usucapión y desalojos: un mapa caso por caso

El problema para el CPE no terminó con el fallo del TSJ. Durante los años en que la mujer figuró como heredera legítima, terceros —particulares y desarrolladoras inmobiliarias— compraron fracciones del predio de buena fe, sin saber que ese título terminaría cayendo. A eso se sumaron nuevas ocupaciones que, según constató personal del organismo en un recorrido reciente, siguen creciendo: viviendas en distintas etapas de construcción, fraccionamientos precarios y cartelería que anuncia lotes “en venta” o de “propiedad privada” sobre tierra que jurídicamente nunca dejó de ser fiscal.

Fuentes con acceso al expediente explicaron que la estrategia del CPE pasa por evaluar la situación de cada familia en particular, y no por un desalojo generalizado. Quienes puedan acreditar buena fe, título y una posesión sostenida en el tiempo —lo suficiente como para eventualmente ganar un juicio de usucapión— podrían terminar quedándose con la tierra que ocupan. Quienes no tengan nada construido ni antecedentes de una posesión real, en cambio, serían desalojados. Con ese objetivo se pidió un relevamiento al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), organismo que además tiene interés propio en una porción de esas tierras: la intención declarada es destinar parte del predio a viviendas para docentes.

Dos partes que se disputan algo ajeno

En paralelo al proceso sucesorio, una porción del predio está en litigio civil. Se trata de un interdicto de recobrar iniciado por la firma HERDPROP S.A.S. contra un particular, en el que el CPE se presentó como tercero para pedir el rechazo de ambas pretensiones. “Estamos ante dos partes que se disputan algo ajeno”, planteó el organismo en su escrito, según pudo confirmar LM Neuquén.

De acuerdo con la presentación judicial, HERDPROP funda su reclamo en una cesión de derechos posesorios otorgada por una persona que, según consta en la causa, tenía un cuadro de salud severo al momento de firmar. La familia del particular, por su parte, invoca una posesión pacífica del predio, aunque también reconoce en su propia contestación de demanda antecedentes de denuncias penales por presuntas estafas y cesiones cuestionadas a terceros, hechos que restan probados y sobre los que corresponde mantener la presunción de inocencia hasta tanto exista una resolución judicial firme.

El propio Consejo destacó además que una demanda de usucapión que HERDPROP había iniciado contra el organismo por ese mismo predio terminó, en febrero de este año, con una sentencia de caducidad de instancia, es decir, sin que la empresa lograra acreditar el derecho que reclamaba. Sobre el inmueble en disputa pesa, desde septiembre de 2023, una prohibición judicial de innovar dictada en el marco del expediente sucesorio.

Dos frentes para el CPE

El fallo del TSJ ya está firme tras el rechazo de la Corte Suprema, y el CPE avanza ahora en dos frentes paralelos: sostener su título sobre el predio en el expediente sucesorio y, caso por caso, los litigios civiles que todavía lo enfrentan con quienes ocupan o reclaman fracciones del terreno. En el organismo no descartan avanzar con el amurallamiento del predio para frenar nuevas ocupaciones, en momentos en que crece la presión del IPVU para destinar parte de esas tierras a vivienda docente. Mientras tanto, sobre calle Crouzeilles, entre Punta Indio y Carhué, las construcciones nuevas siguen apareciendo sobre una tierra que, en los papeles, hace tiempo dejó de tener dueño.