Caso Cecilia Lazcano: la querella denunció «beneficios» a la coautora y apunta a un tercer implicado

El abogado Juan Saucedo, querellante en la causa por el crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en la vieja estación de trenes de Alvear, cuestionó la prisión domiciliaria que la Justicia le otorgó a la joven imputada como coautora y advirtió que la Fiscalía de Santo Tomé busca cerrar la investigación de manera apresurada, sin agotar las pruebas sobre la posible intervención de un tercero.

Una causa que sigue sumando capítulos

Cecilia fue atacada durante la madrugada del 16 de julio en la localidad correntina de Alvear. Por el hecho hay dos adolescentes de 16 y 17 años imputados por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas. La causa está a cargo del fiscal Facundo Cabral, de la Fiscalía de Santo Tomé.

Para la querella que representa a la familia de la víctima, el rumbo del proceso genera serias dudas. El foco está puesto en la situación de N. L., la joven de 17 años imputada como coautora, sobre quien pesa la misma calificación penal que sobre el autor material del ataque.

La polémica por la prisión domiciliaria

Según reveló Saucedo, la joven es hija de un sargento de la Policía de la Provincia y su madre es funcionaria municipal de Alvear. Para el letrado, esa condición fue determinante para que obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria bajo responsabilidad parental.

«Esta chica es hija de un sargento de la Policía de la Provincia y la madre es funcionaria municipal de la localidad de Alvear», declaró el abogado. Y agregó: «Esto ha implicado que, entre otras cosas, obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria. Según el fiscal, es porque no habría lugar de alojamiento para menores del sexo femenino, pero la verdad es que sigue haciendo su vida normal dentro de una casa, recibiendo visitas y sin un control estricto de las autoridades».

La sombra de «Max» y los pedidos de prueba rechazados

Otro eje central del reclamo es la posible participación de un tercero en la escena del crimen. De los peritajes a las comunicaciones telefónicas de los dos imputados surgen chats iniciados en noviembre de 2025 que mencionan sistemáticamente a un individuo apodado «Max». Tras el ataque, el autor material le escribió a su novia que «M me va a querer ahorcar» y que ese sujeto «mueve un dedo y arregla todo».

Pese a esos elementos, la Fiscalía sostiene que «Max» sería una creación imaginaria de los menores. Saucedo rechazó esa hipótesis: «Creemos por la mecánica de la agresión que había una persona esperándolos en la estación; el menor no actuó solo por más que en los mensajes saliera otra cosa».

El abogado también denunció que el Ministerio Público rechazó de manera reiterada los pedidos de prueba de la familia. «Pedimos los movimientos telefónicos para verificar dónde estaba la menor y su madre esa noche, pero no nos hacen lugar. Hay una voluntad de la Fiscalía de acelerar esto, cerrar y cuanto antes elevar la causa a juicio, sin agotar las investigaciones para determinar si hubo terceras personas involucradas», sostuvo.

Pericias psiquiátricas y un plan premeditado

En cuanto al perfil de los acusados, Saucedo descartó cualquier planteo de inimputabilidad: «Las pericias psiquiátricas de ambos arrojaron que tienen plena conciencia de la criminalidad de sus actos, son absolutamente imputables».

El letrado remarcó además la frialdad con la que se habría organizado el crimen: «Desde mayo de 2026 empezaron a preparar la forma de matarla; la eligieron a Cecilia porque era una chica buena, inocente y la marcaban como débil». Según la querella, los acusados crearon un grupo de contención aprovechando falsos rumores sobre la víctima para intentar simular un suicidio después de la agresión.

Saucedo citó mensajes que, a su entender, exponen la crueldad del ataque: «Cuando se enteraron de que Cecilia había sobrevivido al ataque y agonizó durante seis horas intentando salvar su vida, la joven imputada se enojó y le recriminó a su novio: ‘¿Por qué no la cortaste en pedazos?'».

Qué pena enfrentarían los imputados

El abogado explicó que el caso será juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil por tratarse de la ley penal más benigna. «Si esto fuera para el caso de adultos, la condena en expectativa sería de prisión perpetua. En este caso, por la nueva ley, el tope de la pena es de 15 años», precisó.

Y concluyó: «La baja de la edad de imputabilidad no vino a solucionar el problema de la impunidad de los menores que conocen perfectamente lo que hacen, sino que vino a complicar más el panorama porque otorga más alternativas a la defensa».

La familia Lazcano y la comunidad de Alvear siguen reclamando que se abran todas las líneas de investigación para que no quede impune ningún responsable, material o intelectual, del crimen.