Caso Comarsa: avanza a juicio la causa por contaminación y ya hay más de 100 testigos habilitados

El expediente por contaminación contra la empresa Comarsa dio un paso clave: la Justicia habilitó la instancia de juicio oral. La decisión se tomó tras la última audiencia, donde también se definió que serán más de un centenar las personas citadas a declarar.

La causa, que investiga el tratamiento de residuos petroleros en el parque industrial de Neuquén, quedó lista para la próxima etapa. La Oficina Judicial será la encargada de fijar la fecha del debate, que se realizará con un tribunal colegiado.

¿Por qué se rechazó el jurado popular?

La fiscalía de Delitos Ambientales, junto a la Asociación de Abogadas, Abogados y Profesionales del Ambiente y la APDH de Neuquén y Río Negro, había solicitado que el caso se resolviera con jurado popular. Sin embargo, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió lo contrario.

El magistrado argumentó que esa modalidad está prevista para delitos como abuso sexual o aquellos contra la integridad de las personas con penas superiores a los 15 años. Por eso, el juicio se hará con tres jueces o juezas.

¿Qué delito se les imputa?

El juicio habilitado es por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, según los artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal. Los tres acusados están imputados en calidad de coautores.

Se trata de J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014 y accionista mayoritario; H.E.B, director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, aunque mantuvo poder de decisión hasta enero de 2021; y F.A.P, gerente general y responsable técnico entre principios de 2013 y septiembre de 2016.

El rol de la empresa y la teoría fiscal

Según la acusación, desde 2014 la firma recibió residuos petroleros por encima de su capacidad de tratamiento comprometida con YPF. Esto habría generado una acumulación masiva sin procesar en su predio del parque industrial.

Además, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la empresa emitió certificados de tratamiento no realizado y cobró por esos servicios. Así pudo sostener contratos, simular ganancias y dificultar los controles, pese a que debía trasladarse fuera del ejido urbano y cesar la recepción de residuos.

También se le atribuye haber incumplido reiteradamente los planes de cierre y remediación. En la formulación de cargos se había planteado el concurso ideal con administración fraudulenta, pero los acusados fueron sobreseídos por ese delito durante el control de acusación.

El caso sigue su curso mientras resta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia se expida sobre las suspensiones de juicio a prueba que fueron otorgadas y luego anuladas. Un juez de garantías las había concedido, pero el Tribunal de Impugnación las revocó ante los recursos del MPF y las querellas.