Caso de la camioneta robada: el juez dictó las penas y la Fiscalía ya anticipó su próximo paso

La Justicia de Salta definió las condenas para los tres hombres declarados penalmente responsables en el juicio que se originó por el robo de una camioneta y otros hechos que se investigaron en causas acumuladas. Dos de ellos irán a prisión, mientras que el tercero recibió una pena condicional.

En la audiencia de cesura, el juez Guillermo Pereyra, del Distrito Judicial Centro, condenó a Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Alberto Conte y César Eduardo Acosta. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el debate.

Las penas que dictó el tribunal

Martín Miguel Poma Ovejero, abogado, recibió una pena de seis años y un mes de prisión de ejecución efectiva. El tribunal lo encontró responsable como partícipe necesario del delito de peculado y autor de dos hechos de falsificación de instrumento público, daño doblemente agravado, resistencia a la autoridad, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y desobediencia judicial. Todos los delitos fueron considerados en concurso real.

Julio Alberto Conte fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional como autor del delito de peculado. Además, el juez le impuso una inhabilitación absoluta perpetua y le ordenó cumplir reglas de conducta durante el mismo plazo de la condena. Esto implica que no irá inicialmente a prisión, siempre que respete las obligaciones fijadas por el tribunal y no cometa nuevos delitos.

El tercer acusado, César Eduardo Acosta, recibió una pena de nueve meses de prisión efectiva por resistencia a la autoridad.

El pedido de la Fiscalía que quedó pendiente

Al solicitar la pena para Poma Ovejero, la fiscal Salinas Odorisio había destacado la cantidad de bienes jurídicos afectados, los antecedentes condenatorios del acusado y su formación como abogado. Según sostuvo, su conocimiento de las leyes debía ser considerado como un agravante. Por eso, había requerido una pena de siete años de prisión efectiva.

Además, la Fiscalía había pedido para Poma Ovejero una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas, prevista para el delito de peculado, y una inhabilitación especial de siete años para ejercer la abogacía. El planteo se fundamentó en que parte de los delitos habrían sido cometidos valiéndose de sus conocimientos y su actividad profesional.

Sin embargo, estas inhabilitaciones no fueron incluidas durante la lectura del fallo. Por ese motivo, la Fiscalía anticipó que solicitará al juez que se expida expresamente sobre ambos pedidos.

La detención de Poma Ovejero y el control electrónico

Al finalizar la audiencia, el juez ordenó la detención inmediata de Poma Ovejero y su posterior traslado al domicilio establecido para el cumplimiento de un arresto domiciliario cautelar durante seis meses. También dispuso que sea incorporado al sistema de control electrónico, por lo que permanecerá bajo vigilancia mediante un dispositivo durante el cumplimiento de la medida.

El arresto domiciliario tiene carácter cautelar y regirá mientras avanza la etapa posterior al dictado de la sentencia.

Qué pasará con el dinero y los bienes secuestrados

La fiscal Salinas Odorisio solicitó que el dinero secuestrado en la casa de Poma Ovejero sea entregado a la denunciante de la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. El objetivo, según el planteo fiscal, es que esos fondos sean destinados a la asistencia del hijo menor de edad.

La defensa pidió una pena de tres años de prisión efectiva, la devolución de los bienes secuestrados y que el dinero no fuera entregado a la denunciante. También solicitó el arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

El juez decidió postergar la resolución sobre el decomiso, la devolución y el destino de los bienes hasta que el estado procesal de la causa permita tomar una decisión.

El caso de Acosta y la Justicia Federal

Para Acosta, la Fiscalía había solicitado una condena de diez meses, mientras que su defensa había requerido que la pena se redujera a seis meses. El juez ordenó remitir una copia de la sentencia al Juzgado Federal N.° 2 de Salta para avanzar con la unificación de esta pena con otra condena dictada contra Acosta en la Justicia Federal.

La sentencia aún puede atravesar las instancias de revisión previstas por la legislación procesal antes de adquirir firmeza.