Caso de lesa humanidad: la Justicia da un paso atrás y reabre el expediente contra un exjefe policial

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del excomisario Joaquín Guil, quien estaba siendo investigado por la privación ilegítima de la libertad y tormentos de un estudiante universitario en Salta, y ordenó que la causa continúe.

El tribunal máximo penal hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que en febrero había confirmado la falta de procesamiento del exdirector de Seguridad de la Policía provincial.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma consideraron que la decisión de desvincular al imputado fue prematura y que no se alcanzó el grado de certeza negativa necesario para cerrar la investigación, tal como exige la jurisprudencia en casos de delitos de lesa humanidad.

¿Qué dijo el fiscal general?

El fiscal general Eduardo José Villalba, quien interpuso la casación, sostuvo que el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones era arbitrario y que había omitido presupuestos esenciales de la imputación. En su recurso, señaló que el tribunal local había aplicado criterios del derecho privado para valorar la acción penal pública y que la voluntad de las partes no tiene la misma relevancia en un proceso penal.

Además, Villalba cuestionó que se considerara la falta de evidencias inequívocas sobre la fecha de los hechos como motivo suficiente para el sobreseimiento. Para el representante del MPF, la ausencia de certeza sobre ese punto genera una duda que no permite afirmar que el hecho no ocurrió.

En la audiencia, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, respaldó los argumentos y señaló que la resolución afectaba la posibilidad de llevar el caso a juicio. Según Pleé, se estaban obstruyendo las facultades del MPF para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de verdad y castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Los hechos investigados

La causa se originó por una denuncia presentada el 6 de febrero de 2014. La víctima, un estudiante universitario, habría sido detenida ilegalmente y sometida a tormentos durante operativos realizados en junio de 1975, en plena dictadura, con participación de la Policía Federal y la Policía de Salta, al mando de Joaquín Guil.

El excomisario fue procesado el 9 de noviembre de 2016 por el juez federal Julio Bavio, pero la Sala II de la Cámara Federal de Salta revocó ese procesamiento y dictó la falta de mérito. La investigación continuó hasta que, el 19 de agosto de 2025, el juez de instrucción resolvió sobreseerlo.

La decisión de la Casación

Al analizar el recurso, el juez Slokar remarcó que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones tenía una fundamentación aparente y que no se había valorado de manera integral la prueba. En particular, señaló que se habían soslayado elementos relevantes para precisar la fecha de los hechos y que la declaración de la víctima de no querer ser citada nuevamente no debía poner en duda su credibilidad, sino ponderarse a la luz del principio de no revictimización.

La jueza Ledesma coincidió y consideró que correspondía permitir al MPF profundizar la investigación según su teoría del caso. Por ello, los jueces anularon la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y apartaron a los tres magistrados que intervinieron en esa decisión para que no continúen actuando en el incidente.