Caso del bebé de Rancul: la Comisión Investigadora no se detiene y ahora avanza sobre tres ministerios

La Comisión Investigadora que analiza presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia resolvió continuar con la investigación y envió requerimientos de información y documentación a tres organismos del Ejecutivo provincial. Los pedidos fueron dirigidos a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud.

La decisión se tomó después de que la Comisión analizara la respuesta que el Poder Ejecutivo Provincial le remitió al gobernador Sergio Ziliotto. Según el texto de la contestación, varios de los planteos del Ejecutivo resultan reiterativos respecto de los límites que la propia Comisión ya había fijado con claridad.

En ese sentido, la Comisión aclaró que su investigación no alcanza al Poder Judicial: no analiza, revisa ni emite juicio sobre el mérito, acierto o conveniencia de las decisiones judiciales, ni accede a expedientes o información sometida a reserva.

Un control acotado a la administración provincial

La Comisión ratificó que su trabajo se circunscribe a la actuación administrativa, funcional e institucional de los organismos provinciales. Eso incluye procedimientos, actos administrativos, intervención de equipos técnicos, protocolos, comunicaciones, mecanismos de coordinación y cualquier otra actuación dentro de las competencias de la Administración.

En la respuesta también se dejó asentado que, en un Estado de Derecho y bajo el sistema republicano, el ejercicio del poder público está sujeto a límites y controles recíprocos. La Comisión remarcó que es atribución del Poder Legislativo controlar y fiscalizar los actos del Ejecutivo y verificar que se ajusten a la Constitución y las leyes.

Según la Comisión, esa función de control no constituye una intromisión en las competencias del Ejecutivo, sino el ejercicio de una facultad propia del sistema republicano.

Pedidos separados y con plazos

A la hora de definir los requerimientos, la Comisión tomó en cuenta las observaciones del propio Ejecutivo sobre la necesidad de individualizar la información solicitada. Por eso resolvió dirigir pedidos separados a cada ministerio, delimitando en cada caso los datos requeridos de acuerdo con las competencias de cada organismo.

Los requerimientos establecen un plazo de cinco días hábiles. Si la naturaleza o el volumen de la documentación exige más tiempo, el organismo deberá comunicarlo a la Comisión, indicando las razones y el tiempo estimado para completar la respuesta.

Para mañana está previsto que la Comisión reciba a las abogadas del caso objeto de investigación.

La Comisión adelantó que seguirá avanzando dentro de las facultades que le fueron conferidas, con respeto por las competencias de los otros poderes del Estado y con el debido resguardo de los derechos e identidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados.