Caso Furlotti: el fallo que nadie aceptó y la batalla judicial que se viene

El caso del médico Leonardo Santiago Furlotti Barassi dio un giro inesperado: todas las partes impugnaron la sentencia y ahora un tribunal superior deberá decidir si confirma, modifica o revoca la condena. Lo que parecía un cierre se convirtió en el inicio de una nueva etapa judicial.

El juez Alberto Caballero había condenado a Furlotti a un mes de prisión condicional y dos meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, más reglas de conducta por dos años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El origen del caso: un paciente que necesitaba una cirugía en el Hospital César Aguilar de Caucete y el médico le habría pedido $250.000 para comprar una sutura de alta resistencia.

¿Por qué apelaron todos?

La Fiscalía, la querella y la defensa presentaron sus propios cuestionamientos. El punto central es la estafa, delito que inicialmente había acusado la Fiscalía. Para que exista estafa, debe comprobarse un ardid o engaño que induzca a error a la víctima, le cause un perjuicio económico y genere un beneficio indebido al autor.

El juez Caballero consideró que esos elementos no quedaron demostrados: el paciente sabía para qué entregaba el dinero y el insumo se usó en la intervención. Por eso descartó la estafa y condenó al médico por cobrar en el sistema público, donde rige la gratuidad.

La postura de la Fiscalía y la querella

El fiscal Nicolás Schiattino y la abogada Josela Echegaray, representante de la querella, cuestionaron ese razonamiento. Sostienen que hubo elementos que debían valorarse para determinar si existió engaño, abuso de confianza, perjuicio económico y enriquecimiento.

La defensa, en la vereda opuesta

La defensa, a cargo de Mario Morán, también apeló pero con un objetivo distinto: afirma que no quedó acreditado el incumplimiento de deberes de funcionario público. Cuestiona que la sentencia cite normas y obligaciones que Furlotti habría incumplido, pero no precise cuál fue la norma vulnerada.

Además, la defensa sostiene que la víctima nunca fue engañada: sabía para qué era el dinero y había consultado con otros médicos, por lo que tenía libertad para elegir con quién operarse. También destacó que el hilo de alta resistencia no se consigue en hospitales públicos, algo que muchos médicos confirmaron en sus testimonios.

Ahora, la jueza de impugnación Ana Lia Larrea deberá revisar los argumentos de todas las partes y decidir el futuro del fallo. La decisión podría sentar un precedente importante en casos de cobros en el sistema público de salud.