Caso Fürth: la Fiscalía fue a la Cámara y apuntó contra un juez por lo que resolvió con los imputados

La Fiscalía no se quedó de brazos cruzados. El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez Gastón Merino de liberar a los imputados en el caso Fürth y ahora la Cámara de Apelación y Control en lo Penal deberá revisar si el fallo tuvo fundamentos suficientes. La fiscal auxiliar Victoria Ledesma presentó el recurso y cuestionó con dureza los argumentos del magistrado.

El planteo apunta a dos decisiones centrales: la exclusión de la calificación provisoria de asociación ilícita y la liberación de los imputados bajo cauciones reales y reglas de conducta. Para la Fiscalía, Merino llegó a esa conclusión pese a reconocer en su propia resolución indicios de una actuación plural y coordinada. Esa sería la primera contradicción que la Cámara tendrá que examinar.

Qué investiga la causa

El expediente arrancó en julio, a partir de una denuncia por presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio de Furth Automotores. La hipótesis fiscal abarca operaciones que no habrían quedado debidamente registradas, pagos cuya percepción y destino están bajo análisis y entregas de vehículos sin respaldo documental suficiente.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía amplió el alcance y atribuyó provisoriamente a los imputados los delitos de estafa y asociación ilícita. Esa atribución aún debe ser probada en el proceso.

Las contradicciones que denuncia la Fiscalía

En su apelación, Ledesma sostiene que el juez describió elementos compatibles con una participación de distintas personas y con posibles funciones diferenciadas, pero después descartó la figura de asociación ilícita al resolver sobre la prisión preventiva. Según el recurso, la resolución no explica de manera suficiente por qué esos indicios dejan de ser relevantes para la calificación provisoria del caso.

El segundo eje es el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La Fiscalía señala que todavía está pendiente una pericia contable y que deben profundizarse las operaciones comerciales y patrimoniales bajo sospecha. También faltan testimonios de empleados y clientes, además de la eventual declaración de otras personas vinculadas con las operaciones investigadas.

Para el planteo fiscal, la desvinculación laboral de los imputados no elimina por sí sola la posibilidad de que puedan influir sobre personas que conocen por su paso por la empresa. En ese punto aparece otra crítica concreta: Merino centró su análisis en que los imputados ya no trabajan en la firma, pero no respondió de forma específica al riesgo alegado respecto de los testigos ni a la pericia judicial pendiente. El recurso cuestiona, además, que la resolución no fundamente por qué las cauciones y reglas de conducta impuestas alcanzarían para preservar esas pruebas.

El expediente sigue en movimiento

La apelación incorpora un dato que muestra que la causa no está cerrada: la Fiscalía afirma que solicitó la detención de otras dos personas por su presunta vinculación con la hipótesis de asociación ilícita, y que esos pedidos aún no habían sido resueltos al momento de presentar el recurso.

Ahora la discusión pasa a la Cámara. El tribunal deberá revisar si la resolución de Merino fundamentó suficientemente la exclusión de la asociación ilícita, valoró los riesgos procesales concretos y explicó por qué las medidas alternativas bastan mientras continúa la investigación. La apelación no determina la culpabilidad de los imputados: plantea si su libertad, en esta etapa del caso, fue decidida sobre fundamentos suficientes.