Caso Romo: la familia no se rinde y lleva el caso a la Corte Suprema
La familia de Jonatan Romo quería un juicio oral y público, pero la Justicia habilitó un abreviado para los policías imputados. Ahora el caso llega a la Corte Suprema: ¿podrá revertirse?
La familia de Jonatan Romo recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise el caso, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) habilitara el juicio abreviado para los tres policías imputados por su muerte en la comisaría de La Falda, en julio de 2022.
El abogado de la familia, Gustavo Pérez, presentó un recurso extraordinario federal ante el TSJ para que el máximo tribunal nacional intervenga. En diálogo con La Estafeta Online, el letrado explicó los motivos de la presentación.
“No vamos en contra del TSJ, sino de lo que determina la resolución. Consideramos que no se ha tratado en profundidad que la muerte de Jonatan Romo se dio bajo custodia policial, cuando estaba esposado con las manos atrás y había sido trasladado a la comisaría de La Falda”, manifestó Pérez.
Para la familia, el juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa de los imputados no es suficiente. “La familia de Jonatan quiere un juicio oral y público donde se valore toda la prueba y la sociedad sepa cuál fue la responsabilidad y culpabilidad de cada funcionario, no una acordada entre la Fiscalía y la defensa de los imputados, en la que la oposición de la familia no es vinculante”, agregó el abogado.
Qué pena enfrentan los policías imputados
Bajo la imputación actual, que la familia de la víctima objeta, los agentes Aguilera, Geri y Suárez podrían recibir una condena de entre uno y cinco años de prisión. Si el caso se resuelve mediante un juicio abreviado, la pena se reduciría a un año y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público, y los efectivos quedarían en libertad condicional.
La decisión de la Sala Penal del TSJ de habilitar el juicio abreviado fue tomada en las últimas horas, y ahora la pelota queda en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si acepta revisar el expediente. La familia Romo apuesta a que el máximo tribunal nacional abra una instancia que hasta ahora le fue esquiva: un debate oral y público donde se ventile toda la prueba.