Caso YPF: la jueza Preska define el último round antes de irse

El multimillonario litigio por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York está a punto de cerrar un capítulo clave. La jueza Loretta Preska encabezará este martes una audiencia que definirá el destino de la información obtenida por Burford Capital durante el proceso.

La magistrada, que lleva el caso desde sus inicios, resolverá si el fondo que litigó contra la Argentina podrá usar esos datos en un eventual arbitraje ante el CIADI. Solo un fallo inesperado de la Corte Suprema de Estados Unidos podría devolverle el expediente.

¿Qué acordaron las partes sobre los datos?

Argentina, YPF y Burford ya consensuaron que el fondo solo podrá utilizar la información entregada por el país antes del fallo de Preska en 2023. Quedó vedado el uso de los datos que Burford recibió después de la sentencia, destinados a identificar bienes argentinos ejecutables para cobrar una condena que luego fue revocada por la Cámara de Apelaciones.

Sin embargo, persisten dos puntos de conflicto que la jueza deberá resolver en la audiencia de este martes.

Las dos disputas que quedan sobre la mesa

Por un lado, Burford pretende que se le permita usar la información sobre los bienes argentinos en un eventual procedimiento de ejecución, si el tribunal del CIADI fallara a su favor. La Argentina se opone, argumentando que para cuando exista un laudo firme habrán pasado al menos ocho años y los datos serán obsoletos. “Argentina tiene muy buenos argumentos para prevalecer en ese arbitraje”, consideró Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

Por otro lado, YPF plantea que no debe utilizarse ninguna información suya, ya que el caso terminó de manera definitiva a su favor y, según reconoce incluso Burford, la empresa no puede ser demandada en el CIADI.

La resolución que tome Preska sobre estos dos puntos podrá ser apelada por la parte que resulte insatisfecha. Así, aunque su intervención está a punto de concluir, aún queda una instancia más antes del cierre definitivo.

Este litigio tiene su origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, dispuesta por el Gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Los fondos Petersen y Eton Park, exaccionistas minoritarios de la petrolera que financiaron su reclamo con el respaldo de Burford Capital, habían obtenido en 2023 una sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra la Argentina.

A fines de marzo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó esa condena, un fallo que representó un fuerte respaldo para la posición argentina y que llevó a los demandantes a buscar una vía alternativa ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros.