Caspalá: la cancha que la Justicia ordenó devolver sigue sin proyecto y la comunidad apunta al Gobierno
Una comunidad esperó meses para que la Justicia llegara a su pueblo. Lo que encontraron en la cancha que el Gobierno debía devolver los dejó sin palabras.
La esperada inspección ocular de la Justicia Federal en Caspalá dejó al descubierto una trama de incumplimientos en la obra de restitución del predio deportivo. Los vecinos denunciaron plazos vencidos, falta de proyecto definitivo y desvíos técnicos que contradicen lo acordado con el gobierno provincial.
La entrega de la obra estaba estipulada formalmente para el 30 de septiembre. Pasada esa fecha, la comunidad sostiene que no hay planificación real ni documentos que expliquen cómo se está ejecutando la restauración.
La visita judicial se realizó tras una larga espera de los residentes, que expusieron su malestar ante lo que consideran un accionar demorado y sin respuestas concretas por parte de la administración provincial.
La palabra de la comunidad
En diálogo con Radio 2, Lidia Balcarce, representante de la comunidad, detalló los pormenores de la inspección y enumeró los puntos más críticos del reclamo.
"La comunidad denunció que, a pesar de los plazos vencidos, no existe un proyecto real ni definido presentado formalmente sobre cómo se está ejecutando la obra de restauración", destacó Balcarce.
La dirigente advirtió además sobre la ausencia de estudios de impacto arqueológico exigidos tanto en la zona de la cancha como en la finca Santa Rosa, donde se ubican antiguos antigales. Ese punto es especialmente sensible para los vecinos, que reclaman protección del patrimonio ancestral.
Irregularidades técnicas y tensión institucional
Entre los puntos observados durante la inspección figuran marcadas diferencias respecto a los parámetros de obra convenidos. Los vecinos señalaron la utilización de muros de cemento en lugar de piedra vista, improvisaciones en los cimientos y la aparición repentina de desagües no contemplados originalmente.
Balcarce calificó de "provocativa" la instalación de cartelería oficial que busca adjudicar los trabajos como un logro político. Para la comunidad, en realidad responden al acatamiento tardío de una manda judicial.
A esto se suma el persistente reclamo por la falta de reconocimiento a las autoridades legítimas de la comunidad indígena.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Tras constatar en el terreno las irregularidades denunciadas, la comunidad aguarda que las partes intervinientes carguen sus respectivos informes técnicos en el expediente.
Los vecinos esperan que la Justicia evalúe el grado de incumplimiento y aplique las sanciones correspondientes frente a las demoras sistemáticas arrastradas desde la homologación del convenio en 2024.
