Caspalá: la obra que avanza en la cancha sagrada sin el permiso que la provincia exige a todos

Un informe de inspección arqueológica fechado en septiembre de 2026 puso blanco sobre negro lo que la Comunidad Pueblo Kolla de Caspalá viene denunciando: el propio Estado incumple la normativa patrimonial que exige a privados y comunidades originarias. El documento, firmado por el perito arqueólogo de la querella Gustavo Spadoni (M.P. 099) tras una recorrida in situ el lunes 28 de septiembre, revela obras sin permisos formales, muros ancestrales desmantelados sin consulta y supuestos Estudios de Impacto Arqueológico que no serían otra cosa que informes internos para la empresa contratista.

El Plan de Remediación ordenado judicialmente para reparar el daño histórico y patrimonial en la Quebrada debía ser un proceso ejemplar. Sin embargo, el relevamiento técnico expone una serie de contradicciones y omisiones burocráticas que, según la querella, configuran un nuevo traspié institucional.

La obra que se reinició sin aviso

Durante el recorrido por la Finca Pozuelo, donde se emplaza la ancestral cancha del pueblo, los técnicos constataron que los trabajos de infraestructura se habían reanudado. El escrito lo describe con crudeza: "Observamos que había una obra en ejecución: el muro de contención ubicado en el sector este de la cancha había sido desmantelado por completo y se estaba construyendo uno nuevo".

Esa tarea avanzó sin que se cumpliera la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), un mecanismo ratificado por convenios internacionales y leyes nacionales que obliga a validar el Proyecto Ejecutivo Final con los pobladores locales antes de mover cualquier máquina o piedra.

De acuerdo al testimonio de los peritos y de representantes de la comunidad —entre ellos Lucía Apaza y Francisca Coronel—, las autoridades provinciales habían asumido en Casa de Gobierno el compromiso de mantener una mesa de diálogo permanente. Pero la comunicación se cortó de manera intempestiva y, de forma sorpresiva, se notificó el reinicio de las obras.

El documento que no era un estudio

El punto más crítico del expediente gira en torno a la validez de los supuestos Estudios de Impacto Arqueológico (EIArq) incorporados a la causa. Según consta en el informe técnico y fue ratificado en audiencias judiciales, la propia representación de la Dirección Provincial de Patrimonio admitió haber tomado conocimiento de los trabajos arqueológicos recién en el lugar. No existía resolución alguna que aprobara un EIArq ni permisos habilitantes para intervenir en una zona declarada de alta sensibilidad patrimonial.

La paradoja sobre quién autorizó las maniobras se profundizó con la declaración del antropólogo Sebastián Peralta, contratado por la contratista Empresa Andina. Ante la comisión de inspección, Peralta aclaró que el documento adjuntado a la causa "no correspondía a un Estudio de Impacto Arqueológico presentado formalmente por él", sino que se trataba únicamente de un informe parcial de uso interno para la empresa privada.

Doble vara: rigor para el privado, parches para el Estado

"La misma provincia nos exige a nosotros, para cualquier loteo o exploración minera en la Quebrada, estudios de impacto arqueológico estrictos y aprobados por resolución. Pero en sus propias obras públicas incumple lo que exige", remarcó Spadoni en una entrevista sobre el caso.

A esa falta de rigor se suma lo ocurrido en la Finca Santa Rosa, perteneciente a la familia Cruz. Durante el relevamiento, los enviados de la Dirección Provincial de Arquitectura manifestaron que desconocían que ese terreno formaba parte del Plan de Remediación ordenado judicialmente. El episodio dejó al descubierto una desconexión estructural entre las áreas de infraestructura, cultura y patrimonio del Gobierno provincial.

La cancha no es solo una cancha

Más allá de la controversia judicial, el conflicto en Caspalá vuelve a poner el foco en la concepción del espacio en el mundo andino. La cancha no es un simple predio deportivo: funciona históricamente como centro neurálgico de asambleas, festividades religiosas y espacio de contención ante catástrofes naturales.

Con la inspección ocular a cargo de la jueza de la causa prevista para los próximos días, la comunidad aguarda definiciones sobre el avance de las maquinarias. En el fondo de la discusión subyace el déficit estructural de la región: la postergada aplicación de la Ley 26.160 y la falta de titularización de las tierras comunitarias, una deuda histórica del Estado que sigue detonando conflictos sociales en los valles y la quebrada jujeña.