En septiembre, Mamerto Acuña pidió saber si Catamarca tenía plan de emergencia, mapas de riesgo y obras preventivas. Nadie le contestó. Ahora el agua ya está en los caminos y las preguntas vuelven más fuertes que nunca.
Las lluvias que golpearon Catamarca en los últimos días dejaron crecidas de ríos, caminos cortados y localidades prácticamente aisladas. Y reflotaron una pregunta incómoda: ¿qué hizo el Gobierno provincial para prepararse antes de que el agua llegara?
El diputado provincial Mamerto Acuña viene insistiendo con ese punto desde septiembre pasado, cuando presentó un pedido de informes para saber qué medidas, obras y recursos tenía previstos el Ejecutivo frente a los riesgos del fenómeno de El Niño. Ahora, con las precipitaciones ya causando complicaciones concretas en el territorio, aquel planteo volvió al centro de la escena.
Qué pidió saber Acuña
A través de un proyecto de resolución, el legislador reclamó detalles sobre las políticas de prevención, los mecanismos de alerta temprana y la capacidad de respuesta del Estado ante lluvias intensas, inundaciones, crecidas de cauces, aludes y derrumbes.
El primer punto era elemental: si Catamarca cuenta o no con un Plan Provincial de Emergencias Climáticas, o con algún instrumento equivalente. También preguntó por la existencia de mapas de riesgo que permitan identificar qué departamentos, municipios y localidades están expuestos a contingencias meteorológicas.
Rutas, puentes y desagües: los puntos críticos
En materia de infraestructura, el requerimiento apuntó a las rutas, puentes, badenes, cauces, defensas, canales y sistemas de desagüe señalados como puntos críticos. Acuña solicitó precisiones sobre las obras de prevención, mantenimiento, limpieza y reparación ejecutadas durante 2026, las que estaban en marcha y las proyectadas.
Para cada intervención pidió saber dónde se ubica, qué organismo la tiene a cargo, en qué estado de avance está y cuánto dinero se destinó a ejecutarla.
La capacidad operativa, bajo la lupa
El pedido también incluyó consultas sobre los recursos con los que cuenta el Estado para afrontar una emergencia: vehículos, maquinarias, equipos de rescate, bombas de extracción de agua, grupos electrógenos, sistemas de comunicación y elementos de asistencia. Sumó además un punto sensible: las condiciones de funcionamiento de los centros de evacuación en cada departamento y municipio.
En prevención, el foco estuvo puesto en los mecanismos de alerta temprana y comunicación a la población, los protocolos de actuación de organismos provinciales y municipales y la coordinación con las autoridades nacionales. También reclamó precisiones sobre cómo se garantizaría la continuidad de servicios esenciales: energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, atención sanitaria y transitabilidad vial.
Presupuesto y edificios expuestos
Acuña requirió información presupuestaria sobre los recursos destinados durante 2026 a prevención y atención de emergencias climáticas, incluidas las partidas disponibles, los fondos extraordinarios y los mecanismos previstos para contingencias de magnitud.
También planteó la necesidad de relevar establecimientos educativos, centros de salud, hospitales, viviendas sociales y edificios públicos que pudieran estar expuestos a situaciones de riesgo.
Otro de los puntos se refirió a la reunión de coordinación con organismos provinciales y nacionales anunciada para el 16 de septiembre. Sobre ese encuentro pidió conocer resultados, conclusiones y compromisos asumidos, además de las actas, informes y documentación elaborada.
Prevenir, no solo asistir
En los fundamentos de su iniciativa, el legislador sostuvo que la gestión de riesgos exige planificación anticipada, identificación de zonas vulnerables, disponibilidad de recursos humanos y materiales y protocolos claros de actuación. Para Acuña, la prevención debe ser una política pública permanente y no limitarse a la asistencia posterior a los daños.
El proyecto solicitó que el Poder Ejecutivo remita la información a la Cámara de Diputados, con la documentación respaldatoria, en un plazo de diez días hábiles, en el marco de las facultades de control legislativo previstas en el artículo 97 de la Constitución Provincial.
Con las secuelas de las últimas lluvias todavía a la vista, el debate que Acuña instaló hace dos meses vuelve a quedar sobre la mesa: qué se hizo antes, qué se está haciendo y qué falta para que la próxima crecida no encuentre a la provincia otra vez sin respuestas.