Catamarca: Proponen prohibir que vendedores y mendigos ingresen a bares y restaurantes

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Catamarca busca que los dueños de locales impidan el acceso a personas que vendan o pidan dinero, generando un intenso debate entre orden comercial y exclusión social. La iniciativa del concejal Diego Figueroa (La Libertad Avanza–PRO) apunta a “fortalecer el orden público” en establecimientos gastronómicos, pero pone el foco en una problemática con raíces mucho más profundas.

Según el edil, la presencia de vendedores ambulantes o quienes solicitan limosna dentro de bares y restaurantes “altera el esparcimiento de los clientes”, afectando la experiencia del consumidor y, a su juicio, la imagen turística de la capital provincial. La propuesta traslada a los comerciantes la responsabilidad de controlar quién ingresa a sus locales.

¿Qué dice exactamente el proyecto?

La ordenanza proyectada establece que los propietarios de bares, restaurantes, confiterías, cervecerías, patios gastronómicos y comercios en general deberán impedir el acceso o permanencia de personas que realicen ventas no autorizadas o pidan dinero dentro de sus instalaciones. Los titulares de los establecimientos serían los encargados de hacer cumplir la norma y podrían enfrentar sanciones si la incumplen.

Figueroa argumenta que su objetivo no es criminalizar la vulnerabilidad, sino “ordenar el uso del espacio privado habilitado y fomentar la actividad económica formal”. Sostiene que los consumidores tienen derecho a un servicio “libre de perturbaciones”.

Las advertencias legales detrás de la iniciativa

El concejal advirtió sobre posibles complicaciones jurídicas para los comerciantes. “Si ocurre un accidente dentro de un local con una persona que está trabajando de manera informal, el dueño puede terminar involucrado en un problema legal por permitir una actividad no regulada dentro de su propiedad”, explicó durante la presentación.

Además, señaló que el proyecto se ampara en la normativa de defensa del consumidor y en la Constitución Nacional, argumentando que se pierden derechos cuando se toleran situaciones que perturban el orden dentro de los locales comerciales.

El reconocimiento de una problemática social más amplia

Más allá del enfoque en el orden comercial, el propio Figueroa reconoció la complejidad del trasfondo social. “En nuestras calles vemos cada vez con mayor frecuencia niños vendiendo productos en bares y restaurantes, o personas con bebés pidiendo dinero. Allí donde hay un niño trabajando o viviendo en la calle hay un Estado ausente”, afirmó.

El edil también vinculó estos episodios a fenómenos estructurales como el trabajo infantil, el trabajo en negro o problemas con las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esta admisión pone en evidencia que la discusión sobre el orden en los restaurantes es apenas la punta del iceberg de un problema social más profundo.

La propuesta, que tiene un alcance amplio dentro del ejido municipal de la capital catamarqueña, avanza ahora en el Concejo Deliberante. Su tratamiento promete abrir un debate inevitable sobre los límites entre la regulación del espacio comercial, los derechos de los consumidores y la responsabilidad del Estado frente a la exclusión y la economía informal.