Causa Acueducto: Uñac y Andino, citados a una audiencia clave, y analizan un pedido insólito para no ir

La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum avanza hacia una nueva etapa. La Oficina Judicial Penal fijó para el miércoles 14 de octubre a las 11 la audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero.

En esa instancia, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán detallar los hechos que buscan llevar a una investigación formal y la situación de las once personas notificadas durante la etapa preliminar.

Entre los convocados hay dos nombres con peso político propio: el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado provincial Cristian Andino. Ambos cuentan con fueros por los cargos que ejercen, una condición que no impide que la causa penal siga su curso ni que deban comparecer ante la Justicia.

Qué dicen los fueros y qué pasa si no se presentan

La Ley nacional 25.320, que regula las inmunidades de legisladores y otros funcionarios, establece que cuando se abre una causa penal contra una persona alcanzada por fueros, el proceso puede continuar hasta su conclusión. La norma también aclara que el llamado a indagatoria no constituye una medida restrictiva de la libertad.

El punto delicado aparece si el legislador no se presenta. La misma ley dispone que, ante una incomparecencia a la indagatoria, el tribunal debe solicitar el desafuero, la remoción o el juicio político, según corresponda. En otras palabras: el fuero protege frente a una eventual privación de la libertad, pero no frena la investigación ni impide que el legislador se presente en el expediente.

Videoconferencia: la opción que evalúan

Fuentes judiciales consultadas señalaron que tanto Uñac como Andino deben formar parte de la audiencia del 14 de octubre. Sin embargo, en Tribunales trascendió que ambos barajan una alternativa para evitar trasladarse físicamente hasta la sede judicial: participar mediante videoconferencia.

Por ahora, esa posibilidad está bajo análisis y no fue resuelta de manera definitiva.

Quiénes son los otros convocados

Además de Uñac y Andino, la convocatoria alcanza a Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós, Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

Se trata de un grupo que reúne a exautoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un representante de Krah América Latina, la empresa vinculada con la provisión de las cañerías utilizadas en la obra.

La notificación que recibieron en la etapa anterior no implicó que hayan sido formalmente imputados ni que exista una declaración de responsabilidad penal. El objetivo fue ponerlos al tanto de la investigación y permitirles ejercer sus derechos, entre ellos acceder al expediente y designar abogado defensor.

Qué se define en la audiencia

Con la audiencia del 14 de octubre, el expediente entrará en una instancia diferente. Los fiscales tendrán que precisar ante la jueza qué hechos consideran que deben investigarse formalmente, qué calificación jurídica pretenden aplicar y cuál sería la participación que le atribuyen a cada una de las personas alcanzadas.

Algunos de los involucrados ya definieron sus defensas. Gustavo Mastelono será representado por Fernando Castro, mientras que Francisco Javier Correa tendrá como abogados a Jorge Olivera Legleu y Conrado Suárez Jofré. Nasser Uzair, por su parte, continuará con la defensa de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.

La Provincia, como querellante

La audiencia también tendrá presencia de la Fiscalía de Estado. El organismo provincial concurrirá como querellante con sus abogados Aníbal Fraifer y Claudio Herrera. Además, fuentes vinculadas al expediente anticiparon la participación del propio Fiscal de Estado, Sebastián Dávila.

Su presencia le dará una particularidad a la audiencia: la Provincia estará representada no solo por los abogados que habitualmente intervienen en este tipo de procesos, sino también por la máxima autoridad del organismo encargado de defender los intereses estatales.

El origen de la causa

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia con links de un portal de noticias y quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. La pesquisa busca establecer si existieron irregularidades en diferentes etapas del Acueducto Gran Tulum, con especial atención sobre las contrataciones, la provisión de las cañerías, los valores pagados y la calidad de los materiales.