Causa ANDIS: peritos analizan si los audios de Spagnuolo son auténticos o fueron editados

El juez federal Ariel Lijo ordenó que los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sean sometidos a un peritaje para determinar su origen y autenticidad. La medida, que se ejecuta este miércoles, quedó en manos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

La investigación busca establecer si las grabaciones, que mencionan sobornos y sobreprecios, fueron manipuladas o editadas. El análisis también intentará detectar el uso de herramientas de inteligencia artificial, como la clonación de voz o la síntesis automática.

¿Por qué se postergó el peritaje?

Originalmente previsto para el 22 de julio, el peritaje se reprogramó para hoy. La demora se debió a la negativa de Spagnuolo a aportar una muestra de voz, argumentando que ello vulneraría su derecho a no declarar contra sí mismo. Pese a la postura del imputado, Lijo ordenó avanzar con el análisis, con o sin su colaboración.

¿Qué material se utilizará como cotejo?

Ante la falta de una muestra de voz, el fiscal federal Franco Picardi propuso como material de comparación cuatro entrevistas que Spagnuolo brindó a los canales Neura, La Nación+, Border y El Observador. La fiscalía aclaró que los audios no fueron el origen de la causa ni se usaron para pedir los procesamientos.

Las claves de la causa ANDIS

La causa investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo. Entre los delitos imputados figuran administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita. Hasta el momento, hay cerca de 20 procesados, incluido Spagnuolo.

En los audios se escucha una voz atribuida al exfuncionario que habla sobre cambios en los porcentajes de supuestas coimas, el circuito de fondos y posibles destinos de ese dinero. La defensa de Spagnuolo cuestionó la autenticidad de las grabaciones y propuso un perito de parte, pero el juez consideró contradictoria esa postura y ordenó el peritaje oficial.

Los abogados del exfuncionario sostienen que obligar a generar una muestra de voz equivaldría a forzarlo a declarar contra sí mismo, algo prohibido por la Constitución. Además, argumentan que la voz no puede equipararse a pruebas estáticas como huellas dactilares o ADN, porque requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.