Causa Maros Turismo: el veredicto que 100 estafados esperan hace nueve años
¿Condena o absolución? Tras nueve años de espera, el tribunal define el futuro de las cuatro imputadas por la estafa a más de 100 viajeros. Conocé los detalles del veredicto que se conocerá este jueves.
Este jueves a las 12:30, los jueces Celeste Minniti, Pablo Busaniche y Pablo Spekuljak darán a conocer la sentencia en la causa por las presuntas estafas de la agencia Maros Turismo, un caso que mantiene en vilo a más de un centenar de damnificados desde hace casi una década.
Un cierre que dejó a cientos sin vacaciones
El origen de todo se remonta al 3 de enero de 2017, cuando los clientes que habían pagado por paquetes turísticos al exterior se encontraron con el local de calle 1° de Mayo al 6.900 cerrado sin previo aviso. Muchos habían contratado esos viajes para las vacaciones de verano y se quedaron sin sus sueños y sin su dinero.
La indignación no tardó en traducirse en una ola de denuncias que destaparon una presunta maniobra sistemática: cobraban señas y pasajes que nunca eran emitidos ante los operadores mayoristas. El expediente, que comenzó ese mismo mes, acumuló más de cien víctimas a lo largo de los años.
Las imputadas y los pedidos de pena
En el banquillo se sientan Marcela Arévalo, expropietaria de la firma; su madre Ana Felice, titular registral; la exempleada Lucila García; y la idónea de la agencia, Ivana Álvarez Flores. La Fiscalía, a través de las fiscales Gabriela Arri y Rosana Marcolín, solicitó 9 años de prisión para Arévalo, 4 años para García y 3 años de prisión domiciliaria para Felice. Para Álvarez Flores, en cambio, pidieron la absolución por falta de pruebas.
Las querellas, que representan a 68 víctimas, fueron más duras: reclamaron la condena de las cuatro, pidiendo 3 años de prisión para Álvarez Flores, a quien consideran una "garante técnica" indispensable para el funcionamiento del negocio.
Los planteos de la defensa
Del otro lado, los defensores públicos y particulares exigieron la absolución total de sus representadas. Su principal argumento: el paso de nueve años hasta llegar a juicio oral vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Además, plantearon la prescripción del delito de falsificación de instrumento privado.
La causa atravesó numerosas complejidades procesales, incluida la rotación de fiscales y un volumen enorme de pruebas documentales y testimoniales. Ahora, la justicia está a punto de escribir el capítulo final de esta historia que mantuvo en vilo a toda Santa Fe.
