Causa por administración fraudulenta en una mutual: el juez dio un plazo límite y la fiscalía deberá definir su postura

El Ministerio Público Fiscal tiene 90 días para decidir si archiva la causa o formula cargos en la investigación por presunta administración fraudulenta en la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos. Así lo ordenó un juez de garantías en una audiencia celebrada este martes.

La defensa de uno de los imputados había solicitado que se fijara un plazo para que la fiscalía se expida, ya que la investigación preliminar superó el lapso legal previsto. El magistrado Raúl Aufranc admitió el pedido y estableció un límite de tres meses para que la acusación tome una decisión.

¿Qué se investiga?

El expediente busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos de la mutual y si esas maniobras encuadran en el delito de administración fraudulenta. Se analizan movimientos de ingresos y egresos, así como pagos a proveedores, a partir de la información contable y bancaria que ya está en el legajo.

Parte de la documentación está siendo peritada por Gendarmería Nacional. Cinco dispositivos electrónicos ingresaron al circuito de análisis el pasado 10 de agosto. La fiscal del caso, Rocío Rivero, sostuvo que todavía resta incorporar y evaluar información clave antes de tomar una postura.

La etapa preliminar

Rivero explicó que la investigación está en una fase inicial y que aún queda mucho por analizar. Tras los allanamientos realizados en enero, se secuestraron documentos y aparatos electrónicos que hoy son objeto de pericias. "Todavía no es posible adoptar una decisión", remarcó la fiscal.

El juez Aufranc reconoció la complejidad del caso, pero consideró que ya venció el plazo legal de la investigación preliminar. Por eso, fijó 90 días para que la Fiscalía opte por alguna de las alternativas previstas en el artículo 131 del Código Procesal Penal.

¿Qué pasa con la querella?

Durante la audiencia, la defensa también pidió excluir a la querella del proceso. El juez rechazó el planteo, argumentando que es prematuro definir la condición de víctima de las personas representadas por esa parte. La cuestión podrá revisarse más adelante si la investigación avanza.

Devolución de documentos personales

Otro punto resuelto fue la restitución de documentación personal secuestrada en los allanamientos, como partidas del Registro Civil y pasaportes. El juez ordenó que en un plazo de 15 días se determine dónde están esos documentos y se los ponga a disposición de sus dueños.