Causa por lavado de dinero: falta de mérito para Gane y tobillera electrónica para Vargas

La Justicia federal definió la situación de los siete imputados por lavado de dinero: mientras uno recuperó la libertad, otro sumó restricciones. Qué pasó con el resto.

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Causa por lavado de dinero: falta de mérito para Gane y tobillera electrónica para Vargas
Causa por lavado de dinero: falta de mérito para Gane y tobillera electrónica para Vargas

El Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de Resistencia definió ayer la situación procesal de los siete imputados en el expediente FRE 2904/2026, que investiga una presunta organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de la comercialización y circulación de vehículos. La resolución dispuso la falta de mérito y la inmediata libertad de Yamil Gabriel Gane, mientras que Jorge César Alberto Vargas continuará con arresto domiciliario pero ahora con tobillera electrónica.

Para Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim, el tribunal ordenó gestionar cupos penitenciarios para su alojamiento en establecimientos carcelarios. María Graciela Canal y Raquel Edith Bohaceck siguen comprendidas en la causa, con sus situaciones procesales sujetas a futuras resoluciones.

Qué se investiga

El expediente, caratulado «Clinis Canal, Federico Alejandro y otros s/ Infracción Art. 303 inc. 1 e Infracción Art. 303 inc. 2 A», busca determinar la eventual responsabilidad de los siete imputados en un presunto blanqueo de capitales de origen narcocriminal. Según la hipótesis fiscal, la concesionaria «Clinis Automotores» habría facilitado la adquisición, el recambio y la circulación de vehículos utilizados por integrantes de una organización dedicada a actividades ilícitas.

El origen de las actuaciones se remonta al 29 de diciembre de 2025, cuando información incorporada desde otra causa judicial dio inicio al expediente. Esos datos surgieron de un acuerdo de colaboración homologado judicialmente y fueron incorporados a partir de un legajo de identidad reservada. A partir de esa información, se habría advertido una posible vinculación entre el grupo familiar Clinis, la concesionaria y José Heraldo Romero, conocido como «Portal».

Libertad para Gane

La falta de mérito para Gane se dictó en los términos del artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto implica que, en esta etapa, no se reunieron elementos suficientes para procesarlo ni para sobreseerlo. El tribunal ordenó su inmediata libertad, siempre que no registre otra orden de detención o restricción de libertad emanada de otra autoridad judicial competente.

La decisión no desvincula a Gane del expediente: deberá continuar sujeto al proceso, mantener actualizado su domicilio y comparecer cada vez que sea convocado. Para concretar la medida, se ordenaron comunicaciones urgentes a la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y las fuerzas de seguridad intervinientes.

Domiciliaria para Vargas

En el caso de Jorge César Alberto Vargas, la Justicia mantuvo el arresto domiciliario pero sumó condiciones: retención del pasaporte y de cualquier documentación que permita salir del país, obligación de someterse al proceso, control periódico de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, vigilancia mediante tobillera electrónica una vez que el dispositivo sea asignado e instalado, y prohibición de contacto con otros sujetos procesales alcanzados por restricciones específicas.

El tribunal advirtió que, ante cualquier incumplimiento, podría revocar la modalidad domiciliaria y disponer su alojamiento en una dependencia de detención.

Vínculos con otra causa

José Heraldo Romero, alias Portal, aparece en la investigación como la persona que habría recibido los vehículos en el marco de las operaciones bajo análisis. Su situación procesal también está vinculada con otro expediente, el FRE 8661/2022, en el que está procesado junto con otras seis personas por comercialización de estupefacientes, lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego.

El proceso actual comprende a siete personas y se centra en determinar las responsabilidades individuales por las conductas investigadas. La resolución de ayer estableció medidas diferentes para cada imputado, según la situación procesal fijada en cada caso.

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