Causa Sueños Compartidos: la UIF da su alegato final y se acerca el veredicto

El juicio por el desvío de fondos en el programa de viviendas sociales 'Sueños Compartidos' entra en su recta final. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 reanuda las audiencias con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de la abogada Marianela Teich. El veredicto se espera recién para septiembre u octubre, pero las definiciones ya comenzaron.

Tras el receso invernal, los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico retoman el proceso. En la última audiencia, celebrada el 8 de julio, el fiscal Diego Velasco ya había pedido las penas máximas para los principales acusados. En esa oportunidad, sostuvo que está demostrada “la existencia de un esquema criminal pergeñado y organizado entre el Estado Nacional y los responsables del proyecto Misión Sueños Compartidos”.

¿Qué se investiga?

La causa apunta al presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011. Según la acusación, esos recursos se canalizaron mediante adjudicaciones directas y con exclusividad hacia la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba el programa.

El fiscal Velasco solicitó seis años de prisión para Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la fundación; para el exministro de Planificación Federal Julio de Vido; para el exsecretario de Obras Públicas, José López; y para el exsubsecretario Abel Fatala. En tanto, para los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero, Daniel y Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, pidió cuatro años de cárcel.

El mecanismo del desvío

De acuerdo con la fiscalía, se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones que el Estado Nacional asignó a la Fundación durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. Velasco fue contundente: “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”.

Además, denunció que los imputados usaron la Fundación para eludir los controles estatales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, modificaron obras sin justificación y extendieron los plazos de ejecución de manera ilícita.

El mecanismo de contrataciones, según la fiscalía, fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires; en los municipios bonaerenses de Tigre, Almirante Brown y Ezeiza; en Rosario, Santa Fe y San Carlos de Bariloche; y en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.

¿Qué viene ahora?

Después del alegato de la UIF, el proceso continuará con las exposiciones de las defensas. Luego, el tribunal deliberará y dictará el veredicto, que se estima entre septiembre y octubre de este año.

Los principales imputados son los hermanos Schoklender, De Vido y López, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”. De Vido, López y Fatala son coautores; los Schoklender, “partícipes necesarios”; y los exfuncionarios santiagueños, “partícipes secundarios”.