Cazó un yaguareté, lo filmó y lo publicó: la Justicia de Formosa lo condenó y ahora busca reformar la ley

¿Sabías que Formosa concentra las únicas dos condenas por caza de yaguareté en Argentina? Conocé los detalles del fallo, la multa y el proyecto para endurecer las penas.

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Cazó un yaguareté, lo filmó y lo publicó: la Justicia de Formosa lo condenó y ahora busca reformar la ley
Cazó un yaguareté, lo filmó y lo publicó: la Justicia de Formosa lo condenó y ahora busca reformar la ley

Un empresario de Clorinda fue condenado a tres años de prisión en suspenso por matar a un yaguareté, un hecho que filmó y difundió en sus redes sociales. La sentencia, dictada en el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, marca un hito nacional: es la segunda condena por caza de esta especie en peligro crítico de extinción en todo el país.

El caso, que conmocionó a la opinión pública en diciembre de 2022, llegó a su fin tras cuatro años de investigación y querella. Ahora, las organizaciones ambientalistas impulsan una reforma legal para que estos delitos no queden impunes.

¿Quién es el condenado y qué hizo?

Carlos Chagra, empresario y comerciante de Clorinda, fue hallado culpable de abatir a un ejemplar macho de yaguareté en la zona rural de esa localidad, el 19 de diciembre de 2022. El propio acusado registró en video el rastreo, la persecución y el cuerpo sin vida del animal, y luego publicó esas imágenes en sus redes sociales, lo que generó un fuerte repudio y aceleró la causa judicial.

La especie, declarada Monumento Natural Nacional, se encuentra en peligro crítico de extinción. La condena, acordada mediante juicio abreviado, fue homologada por la jueza Belén López Macé, quien también dispuso una multa económica cuya cuantía se definirá en una audiencia prevista para el 7 de septiembre.

¿Por qué la pena es en suspenso?

El referente de la Red Yaguareté, Norberto Nigro, explicó en diálogo con FM VLU 88.5 que la ley actual de fauna establece un máximo de tres años de prisión para este tipo de delitos, lo que impide una condena efectiva. “Tengamos en cuenta esto: por la ley actual de fauna, la penalidad que tiene este tipo de acciones tiene una máxima de tres años. Entonces, no iba a cumplir condena efectiva”, sostuvo.

Nigro celebró el resultado pero remarcó las limitaciones del sistema: “Estamos contentos porque es el segundo caso en el que hemos llegado a una condena efectiva; si bien es en suspenso, ha reconocido su culpabilidad y el juicio abreviado le da esa posibilidad de negociar una condena”.

Formosa, pionera en condenas ambientales

El titular de la ONG destacó que Formosa es la única provincia del país que logró condenas por caza de yaguareté, a pesar de los obstáculos históricos. “Nosotros venimos trabajando específicamente con temas judiciales desde el año 2006. Tenemos de todo: yaguaretés cazados, cueros en venta, tráfico de partes; y es recién el segundo caso en el que hemos llegado a una condena”, afirmó.

Nigro también valoró el cambio en el accionar judicial y policial provincial: “Puntualmente no sé qué ha pasado, pero el cambio que hubo lo celebramos, porque de hace cinco años atrás nada llegaba ni siquiera al juzgado; las instancias previas de las unidades fiscales donde denunciábamos no llegaban ni a iniciarse una causa, la desestimaban. Era una cosa realmente triste. En estos dos casos la justicia ha estado a la altura, la verdad debo decirlo”.

¿Qué propone la reforma legal?

Ante la falta de penas más severas, la Red Yaguareté impulsa un proyecto de ley para modificar los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Fauna, que establecen las sanciones. La propuesta busca que, para especies en peligro de extinción, las penas sean de 4 a 8 años de prisión efectiva, sin posibilidad de excarcelación.

“Si me ponés el máximo de la pena pero me quedo en mi casa, no me sirve a mí ni le sirve a la especie”, explicó Nigro. Y agregó: “Vamos a avanzar en lo que resta del año; estamos juntando firmas, haciendo una movida de prensa y de contactos para avanzar entre varias ONG e incrementar las penas junto a un diputado”.

El objetivo es capitalizar el precedente formoseño para lograr un cambio legislativo a nivel nacional que proteja de manera efectiva a las especies amenazadas.

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