Celis pidió salir del aislamiento y la Justicia le puso una condición que lo ata a Federal
Le negaron la mudanza a Paraná y hasta le cerraron la puerta a las entrevistas. Pero en la misma resolución, la Justicia le concedió a Tavi Celis algo que venía reclamando desde hace tiempo. El detalle que cambia su día a día tras las rejas.
La Justicia de Ejecución le dio un giro a la situación carcelaria de Daniel "Tavi" Celis: le ordenó el fin del aislamiento y le fijó un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos, pero al mismo tiempo le negó el traslado permanente a Paraná. La resolución la firmó la jueza Noemí Marta Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, el 23 de octubre de 2026.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prohibición para que el interno conceda entrevistas periodísticas. La defensa intentó llevar ese punto a la Corte Suprema, pero el recurso fue declarado inadmisible.
Qué resolvió Casación sobre las entrevistas
La Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, rechazó por mayoría de 2 a 1 el recurso extraordinario presentado por la defensa de Daniel Andrés Celis. Con esa decisión quedó firme la restricción que había impuesto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
La medida le impide el ingreso de periodistas a la Unidad Penal N° 1 de Paraná para entrevistarlo y también le prohíbe los contactos telefónicos con medios de comunicación. Según remarcaron las autoridades judiciales, cualquier declaración o ampliación sobre sus denuncias debe canalizarse de forma oficial ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú (causa FPA 1756/2026).
Los jueces Carbajo y Borinsky coincidieron con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que señaló la ausencia de una cuestión federal debidamente fundamentada. El juez Hornos votó en disidencia: advirtió que la prohibición es general y no tiene límite temporal, lo que a su criterio representa una restricción injustificada a la libertad de expresión y de prensa.
Por qué le negaron la mudanza a Paraná
La jueza Berros rechazó el traslado definitivo de Celis a la Unidad Penal N° 1 de Paraná por sus antecedentes de conducta en reubicaciones previas. En la resolución también se consignó que en la Unidad Penal N° 8 de Federal, donde actualmente está alojado, también se encuentra detenido su hijo.
Sin embargo, tras las presentaciones del propio condenado y de su abogado defensor, Augusto Lafferriere, el tribunal dispuso una serie de medidas de habitabilidad. La primera es el fin del aislamiento para que conviva con el resto de los internos de la UP N° 8, con una condición previa: la evaluación de seguridad del establecimiento y la firma de un acta donde conste la conformidad de Celis.
También se ordenó al penal proveerle una dieta médica adecuada a sus padecimientos de diabetes y divertículos, y sostener la regularidad de sus controles médicos especializados. Además, quedó autorizado a disponer de enseres cotidianos y electrodomésticos básicos.
El nuevo régimen de visitas
El esquema fijado por la Justicia contempla dos videollamadas semanales de 30 minutos y visitas presenciales de su grupo familiar. A eso se suma una autorización clave: Celis podrá ser trasladado temporalmente a Paraná cada dos meses, bajo custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, para mantener contacto directo con su familia antes de reingresar al penal de Federal.
La condena y las causas abiertas
Daniel "Tavi" Celis cumple una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión, que contempla la sanción por la conocida causa "Narcomunicipio" y otra condena por un asalto perpetrado en la localidad de Las Cuevas. Desde octubre del año pasado, además, se encuentra procesado por rearmar una organización narco en Paraná durante el goce de salidas sociofamiliares.
Su historial de alojamientos penitenciarios incluye un paso por la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. La derivación posterior a las cárceles de Paraná y Federal se produjo después de que Celis denunciara un presunto plan criminal atribuido a Leonardo Airaldi, que habría consistido en contratar a un sicario uruguayo para asesinar a funcionarios públicos.