Cerca de 1.000 familias en vilo: el fallo que las alivió puede quedar sin efecto

La Justicia volvió a fallar a favor del barrio Zampa y mantuvo vigente la cautelar que obliga a garantizar el acceso al agua a cerca de 1.000 familias de la zona sur de Resistencia. La decisión de la Cámara trajo alivio después de meses de reclamos, pero los vecinos no se relajan: temen que el Gobierno provincial o SAMEEP insistan con una nueva apelación para revertir el fallo.

“Que la Justicia nos haya dado la razón es muy importante. Ahora esperamos que se cumpla y que podamos empezar a hablar de una solución definitiva, no de volver a discutir si tenemos derecho al agua”, expresó uno de los vecinos que sigue de cerca el conflicto.

Un relevamiento que no llegó a todos

A la incertidumbre judicial se suma un problema concreto en el territorio. La Justicia había ordenado un relevamiento integral para saber cuántas familias están afectadas, cómo se componen los hogares y qué capacidad tienen de almacenar agua. Sin embargo, los vecinos advierten que el operativo quedó incompleto y que hay hogares que sufren la falta del servicio pero no fueron incorporados correctamente.

“Que una familia no figure en una planilla no quiere decir que tenga agua”, advierten. El temor es que esas omisiones terminen incidiendo en la cantidad de agua prevista, en los recorridos de los camiones cisterna o en la asistencia que recibe cada sector. Por eso reclaman que el relevamiento se complete y actualice hasta abarcar a todos los afectados.

El problema excede al Zampa

Los vecinos remarcan que la situación del Zampa no es un caso aislado. Las dificultades para acceder al agua se repiten en otros barrios y comunidades de la zona sur de Resistencia, donde muchas familias conviven con baja presión, conexiones precarias, cortes frecuentes o la necesidad de buscar alternativas para abastecerse.

El barrio logró llevar esa realidad a la Justicia, pero el problema es más amplio. Mientras los camiones cisterna atienden la urgencia, las familias sostienen que la respuesta de fondo debe ser otra: infraestructura, conexiones seguras y un servicio de agua regular y permanente. “No queremos vivir pendientes de cuándo llega un camión. Queremos tener la tranquilidad de abrir una canilla y que haya agua”, reclaman.

Para las familias, el fallo de Cámara representa un avance fundamental. Ahora esperan que esa protección no retroceda, que ningún vecino quede afuera del relevamiento y que el Estado empiece a resolver estructuralmente una problemática que todos los días condiciona la vida de cientos de hogares. La Justicia reconoció el derecho; el desafío es que tener agua deje de depender de una cautelar.