Cerraron 150 comercios en el microcentro jujeño y un diputado apuntó contra las tasas municipales

El diputado nacional Alfredo Gonzáles puso el foco en los municipios y en el cobro de tasas que, según su mirada, no tienen una contraprestación real para comercios y empresas. Lo hizo con un dato que golpea de lleno al microcentro de San Salvador: 150 comercios cerrados en los últimos meses y más de 10.000 puestos de trabajo perdidos, de acuerdo con registros que llevan representantes de las cámaras de comercio.

“Las tasas municipales tienen que tener una contraprestación”, planteó el legislador, que también cuestionó la forma en que se cobran: muchos empresarios pagan “porque si no no me dan la habilitación”. Y agregó un ejemplo doméstico: “Hay amigos a los que les cerró el negocio y les sigue llegando la liquidación de ciertas tasas”.

“Sigo teniendo Pymes”

Gonzáles aclaró que habla con conocimiento del sector porque, además de su banca en el Congreso, mantiene sus propias empresas. “La vivo día a día”, dijo sobre la preocupación de los comerciantes. Y anticipó un año complicado: “Este año nos tocó una helada y vamos a tener una producción mucho menor que otros años. Si hablamos de impuestos nacionales, pagaremos en proporción a lo que ganemos. Si son impuestos provinciales, vamos a pagarlos, nos guste o no”.

El diputado ubicó el problema en un cambio de época. “El país se está reconvirtiendo y abriendo al mundo. Nos acostumbramos a ‘cazar en el zoológico’”, afirmó, y describió la lógica que, según él, rigió durante años: “El empresario argentino estaba acostumbrado a tapar ineficiencias con precio. Con una inflación que galopaba al 30% mensual te estoqueabas. Cuando salía una venta, remarcabas un 100%, un 150% o un 200%, y eso mata al consumidor. Eso fue lo que nos llevó a una inflación del 211%”.

Para Gonzáles, el escenario actual es otro: “Hoy volvimos a un mundo normal, donde la inflación ronda el 1,7% mensual y si sos ineficiente comprando, manejando tu stock o produciendo y querés trasladarlo al precio, el mercado no te lo convalida. Una aplicación en el celular te permite comparar cuánto sale lo mismo en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza y afuera”.

El efecto de la quita de subsidios

El diputado también apuntó al impacto que tuvo la quita de subsidios a la energía dispuesta por el gobierno de Javier Milei. “Se dispararon las tasas y los impuestos que estaban atados a ese monto. Ninguna provincia o municipio dijo: estamos recaudando mucho más que antes, revisemos lo que cobramos”, sostuvo.

Y dio un ejemplo concreto: “La tasa por el uso de la vía pública en una factura de gas. Si pagabas 100 pesos de gas y esa tasa era del 10%, el municipio cobraba 10 pesos. Cuando la factura pasó a 1.000 pesos, empezó a cobrar 100 por el mismo concepto. Multiplicó por diez su recaudación. Ningún municipio se sentó a discutir si había un desfasaje”.

En la misma línea, señaló que en las facturas de luz no solo impactó la quita del subsidio: “También aumentaron los impuestos y las tasas que estaban asociados al valor del servicio”.

“La Nación reduce, las provincias y municipios no”

Gonzáles marcó una asimetría en el ajuste. “Desde que entré a la política, hace menos de un año, escucho hablar del ajuste del Gobierno. La Nación viene reduciendo el gasto, pero las provincias y los municipios no han bajado un centavo”, afirmó.

Para respaldarlo, recordó la última apertura de sesiones en Jujuy: “Al leer entre líneas, se veía que había bajado un 30% la recaudación que llegaba por coparticipación y que la provincia, en términos reales, había aumentado en ese mismo porcentaje la presión tributaria sobre las pymes jujeñas. ¿Dónde está la reducción del gasto provincial o municipal? Creen que pueden gastar más de lo que recaudan y eso se tiene que terminar”.

El legislador también se refirió al pedido de Nación de no incluir tasas e impuestos locales en las facturas de servicios. Recordó que “las provincias y los municipios recurren a la Justicia. Hubo una disposición nacional que impedía incluir en las facturas cobros de tasas y otros conceptos”. Y apuntó a Jujuy: “La provincia presentó un amparo a través de la SUSEPU para seguir cobrándolos. Hoy los jujeños seguimos pagando tasas municipales e impuestos provinciales dentro de la factura de luz”.

Su conclusión fue directa: “Si realmente queremos bajar esa factura, ¿por qué la provincia y los municipios no se sientan a revisar esos cobros? Van incluidos en la factura porque, de otro modo, la gente exigiría que se prestara el servicio por el que se cobra la tasa. Las tasas tienen que tener como contraprestación un servicio, y eso, en muchos casos, no ocurre”.

Un proyecto con respaldo judicial

Gonzáles trabaja junto a otros legisladores en un proyecto de “Régimen de validez constitucional de las tasas municipales”, que exige como requisito una contraprestación efectiva, individualizada y concreta. La iniciativa busca fijar estándares constitucionales para la creación y exigibilidad de esos tributos, con el fin de proteger el derecho de propiedad, la razonabilidad tributaria y evitar cargas confiscatorias.

El texto sostiene que los municipios solo pueden cobrar una tasa cuando exista una prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio. Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte bonaerense que cuestionaron la exigencia de tasas sin contraprestación comprobable o cuyo monto no guardara relación razonable con el servicio. También plantea que el cobro sin sustento afecta el artículo 17 de la Constitución Nacional, y aclara que la autonomía financiera de provincias y municipios no es absoluta.

El proyecto no busca reemplazar las potestades tributarias locales, sino fijar límites objetivos para impedir el uso de tasas con fines exclusivamente recaudatorios. Pide su aprobación en defensa de la propiedad privada, la supremacía constitucional y el principio de razonabilidad tributaria.

El tema cobró fuerza días atrás cuando la Corte Suprema revocó, por unanimidad, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que había validado una tasa que la Municipalidad de la capital provincial le cobraba al Banco Galicia. El máximo tribunal concluyó que la normativa local no identificaba con precisión los servicios que justificaban el tributo y cuestionó que se pusiera sobre el contribuyente la carga de demostrar que esas prestaciones no se habían realizado. El conflicto se remonta a 2008, por un ajuste fiscal sobre la “Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios” entre 2001 y 2005, con intereses y multa.