El cierre de 72 Registros del Automotor ya tocó a Formosa y el Defensor del Pueblo advierte cómo puede complicarle el trámite a miles de usuarios. Lo que dicen sobre las transferencias ya pagadas y las compras de autos usados.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, salió a cuestionar el cierre de 72 Registros del Automotor en todo el país y puso el foco en lo que eso significa para los formoseños. Según advirtió, la medida dispuesta por el Gobierno nacional ya golpeó a la provincia y abre un frente de incertidumbre para cualquiera que tenga un trámite pendiente.
El proceso de cierre progresivo y reestructuración no es una amenaza futura: ya dejó consecuencias concretas en el territorio. En la capital provincial se dieron de baja los Registros Seccionales N° 1 y N° 2, y hace poco cesó de forma definitiva el único Registro Seccional de Motovehículos, que estaba a cargo del Dr. Darío Héctor Vía.
Trámites pagos y sin respuesta clara
Uno de los puntos que más preocupa al defensor es el destino de las gestiones que quedaron colgadas tras los cierres. Hay usuarios que ya pagaron transferencias, títulos y patentamientos y que ahora podrían quedar sin una hoja de ruta clara sobre cómo seguir o cómo terminar el trámite.
A eso se suma la redistribución de legajos y expedientes físicos de las dependencias cerradas, que deben repartirse entre las oficinas que siguen abiertas. El resultado probable, según el planteo, es mayor concentración de trámites, demoras, oficinas saturadas y dolores de cabeza para quien necesita hacer una gestión de manera presencial.
La brecha digital, el otro flanco
Gialluca también puso la lupa sobre el salto forzado al sistema digital. Hay sectores de la población sin conectividad adecuada o sin los conocimientos para operar las plataformas virtuales, y esa situación puede dejarlos sin alternativas.
El riesgo concreto es que muchos ciudadanos terminen dependiendo de gestores o mandatarios para resolver trámites que antes hacían directamente en la oficina. Menos mostrador y más intermediario.
El fantasma de la inseguridad jurídica
Desde distintos sectores vinculados a la actividad registral se advierte que las dificultades o demoras en el traspaso de bases de datos podrían afectar de forma temporal la verificación de deudas, embargos y pedidos de secuestro.
Eso eleva los riesgos para quien compra un vehículo usado y necesita comprobar que la documentación es legítima. La seguridad jurídica, sostienen, queda en una zona gris mientras se completa la mudanza del sistema.
Qué dice la resolución y qué respondió Sturzenegger
La medida quedó formalizada con la Resolución 538/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. La norma dispuso el cierre de 72 Registros del Automotor en distintas jurisdicciones del país. De esas dependencias, 67 funcionaban bajo un régimen de intervención por no contar con un encargado titular designado.
Tras conocerse la resolución, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en su cuenta de X: «La Resolución 538/26 del @MinJusticia_Ar, con firma de @juanbmahiques, cierra 72 registros automotor. Nada, eso. Sigan con lo suyo».
La disposición fija un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios concrete el cierre físico de las oficinas alcanzadas, reasigne los dominios y traslade los trámites pendientes a las dependencias que siguen operativas.
Más carga para las que quedan abiertas
Gialluca cuestionó que el impacto de este proceso termine recayendo sobre las provincias y los usuarios, porque las oficinas que permanecen abiertas deberán absorber una mayor carga laboral. El nuevo esquema, además, contempla que los registros funcionen bajo una modalidad multitarea: en una misma dependencia se concentrarán las inscripciones de automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola, vial e industrial, y las prendas sobre bienes muebles no registrables.
El defensor advirtió que el achicamiento de la estructura registral, impulsado en el marco de las políticas de ajuste y reorganización del Estado nacional desde principios de 2024, podría terminar perjudicando a los ciudadanos si no se garantizan mecanismos eficientes para sostener la atención, la continuidad de los trámites y la seguridad jurídica.
El planteo deja a la vista las consecuencias concretas de la reducción de dependencias: menos oficinas de atención, mayor concentración de tareas y usuarios que podrían terminar dependiendo de intermediarios para resolver gestiones que antes realizaban directamente.
