Cerraron la investigación por los comedores de Concordia: el desenlace depende de un cargo docente

El Poder Ejecutivo provincial puso punto final a la información sumaria que desde 2025 revisaba el manejo de fondos en la Coordinación de Comedores de Concordia. La medida alcanza a la excoordinadora Silvina Soledad Murúa y a integrantes de su entorno familiar, todos imputados en una causa judicial por supuestas maniobras con dinero público destinado, en principio, a la alimentación de chicos que asisten a comedores escolares.

La decisión quedó plasmada en el decreto N° 3.469, fechado el 21 de este mes. Ese instrumento dio por terminada la investigación administrativa que se había abierto en el ámbito de la Coordinación de Comedores del Departamento Concordia, dependiente de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano.

Qué se investigó y cuánto se calculó de perjuicio

El expediente buscaba esclarecer irregularidades detectadas en 37 comedores escolares durante marzo y abril de 2025. En aquel momento, el perjuicio al fisco se estimó en $103.738.136.

El decreto también ordenó girar las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE). El objetivo es que ese organismo evalúe si corresponde instruir un sumario administrativo contra Murúa, tomando como base las pruebas reunidas, las conclusiones de la información sumaria y lo recomendado por la Fiscalía de Estado.

El dictamen que complicó a la excoordinadora

El 10 de agosto, la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado clausuró la etapa instructora y concluyó que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario quien se desempeñó como Coordinadora de Comedores del Departamento Concordia”.

Según ese dictamen, Murúa “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable”. El texto sostiene que tuvo conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades que le informaron supervisores y personal de rendición, y que no adoptó medidas eficaces para subsanarlas ni las reportó a la Superioridad.

La Fiscalía de Estado también afirma que intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados —“Ahora Voy”, “Autoservicio Joaquín” y “Flores Sandra”—, que impartió instrucciones sobre la confección de rendiciones y que concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.

Sin sanción, pero con una puerta abierta en el CGE

Pese a esas conclusiones, la Fiscalía de Estado entendió que Murúa “no resulta pasible de sanción” porque ya había sido separada de su cargo.

Sin embargo, el dictamen agregó otro elemento: las constancias de revista demuestran que la mujer tiene un cargo docente dentro del Consejo General de Educación y que sigue vinculada laboral y jurídicamente con el Estado provincial bajo el Estatuto del Docente Entrerriano. Por eso, corresponde a ese organismo autárquico —como autoridad de nombramiento y con intervención previa de su Dirección de Asuntos Jurídicos— evaluar y resolver la apertura del procedimiento sumarial disciplinario competente.

La causa penal que sigue su curso

En mayo se conoció que la Unidad Fiscal de Concordia imputó a la excoordinadora de Comedores Escolares por la maniobra con los 37 comedores. La investigación la llevan adelante los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.

La hipótesis oficial sostiene que, desde enero de 2024, Murúa habría usado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para armar un sistema de direccionamiento de compras. Junto a sus hermanos Adrián y Vanessa y a su cuñado Esteban Godoy, según la Fiscalía, “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión direccionaron arbitrariamente a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia”.

El foco de los investigadores apunta a que el objetivo principal del esquema era favorecer económicamente a los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié, responsables de la firma “Ahora Voy SRL”.

Dentro de la estructura investigada también se destaca el rol de Guillermo Julián Quiroga. Para la Justicia, el hombre “sin contar con un rol funcional formal, teniendo la llave de la oficina de la Coordinación de Comedores de Concordia, ejercía un rol de manejo y disposición de dinero”. Además, se le atribuye haber retirado mercadería cuyo destino final todavía no fue determinado.