Cerraron los gimnasios, se quedaron sin trabajo y ahora nadie se hace cargo

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de revocar los procesamientos y dictar la falta de mérito de todos los imputados en la causa por presunto lavado de activos vinculada a la cadena Exen Gym reabrió un reclamo que sigue sin respuesta: quién se hace cargo de los gimnasios cerrados, los empleos perdidos y los daños provocados por el operativo judicial.

El abogado Ignacio Sinkovich, que representó a los trabajadores que pedían mantener abiertas algunas sucursales, cuestionó el despliegue que terminó con el cierre de los locales en Resistencia y el secuestro de las máquinas. En diálogo con CIUDAD TV, advirtió que las consecuencias económicas podrían derivar en demandas millonarias contra el Estado.

Qué resolvió la Cámara

El tribunal de alzada revocó los procesamientos, dispuso la falta de mérito de todos los imputados y ordenó su libertad. Según explicó Sinkovich, la Cámara consideró que no había pruebas suficientes para vincular el crecimiento patrimonial de los empresarios con un posible origen ilícito.

“Básicamente, la Cámara de Apelaciones dictó una falta de mérito, entendiendo que no hay elementos de prueba suficientes que vinculen el crecimiento patrimonial que tuvieron estos empresarios con un posible origen ilícito”, señaló el letrado.

La falta de mérito no equivale a un sobreseimiento definitivo ni implica el cierre de la investigación, pero dejó sin efecto los procesamientos y permitió la liberación de los involucrados.

Los trabajadores que se quedaron sin empleo

Sinkovich recordó que en una etapa anterior del expediente se presentó en representación de los empleados para pedir la reapertura de tres de las siete sucursales de Exen Gym. El objetivo era preservar al menos parte de los puestos de trabajo mientras avanzaba la causa.

La medida cautelar fue rechazada por la jueza federal Zunilda Niremperger y los trabajadores decidieron no apelar. Por eso, el abogado consideró que ahora no sería prudente impulsar un nuevo reclamo en nombre de los empleados y que la recuperación de los bienes y la reanudación de la actividad comercial les corresponde a los propios imputados.

“Nosotros solamente pedíamos la apertura de tres de las siete sucursales para mantener los puestos de trabajo, por lo menos de forma reducida”, explicó.

El cierre golpeó fuerte a los trabajadores, muchos de ellos con jornadas completas que dependían de esos ingresos. Algunos consiguieron otros empleos, pero no lograron recuperar el nivel salarial que tenían en los gimnasios; otros debieron recurrir a actividades informales.

“Los empleados siempre destacaban que eran excelentes patrones y que era un clima muy lindo. Por eso, cuando se los entrevistaba, decían: ‘Nosotros queremos volver a trabajar’”, recordó Sinkovich.

Tras la decisión de la Cámara, el abogado se comunicó con uno de los trabajadores y encontró una reacción de alegría ante la posibilidad de que el caso se encamine a una solución. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de las sucursales y la recuperación de los puestos laborales sigue intacta.

“Parecía una película de Hollywood”

Sinkovich también cuestionó el alcance del operativo que derivó en el desmantelamiento de los gimnasios y el secuestro de los equipamientos. A su entender, había alternativas para controlar la actividad comercial sin paralizarla por completo.

“Parecía una película de Hollywood”, afirmó al describir el despliegue. Sostuvo que se podría haber hecho un inventario de las máquinas, establecido controles sobre los locales y dispuesto mecanismos para supervisar los ingresos sin impedir que los negocios siguieran funcionando. Como opción, mencionó que las cuotas de los clientes se depositaran en una cuenta judicial para que los fondos quedaran bajo control mientras avanzaba la investigación.

“Resultaría desproporcionado e innecesario todo el secuestro de las máquinas que hubo, todo el despliegue”, sostuvo.

El letrado mencionó daños materiales durante los procedimientos: la rotura de una puerta de vidrio en una sucursal de avenida Las Heras y el estado en que fue restituido el inmueble de calle Santiago del Estero, del que se retiraron elementos de las instalaciones, incluido el piso de caucho. Ese inmueble fue entregado a un familiar de los propietarios que lo alquilaban a la cadena, tras presentarse en el expediente como depositario judicial.

También cuestionó el retiro de objetos que, según su interpretación, no tenían relación directa con la causa, como elementos de los sanitarios y otros artículos de los establecimientos. “¿Quién se hace cargo de todos esos daños? ¿Quién se hace cargo de todos los gastos?”, insistió.

El riesgo de una demanda contra el Estado

El planteo más fuerte de Sinkovich apuntó a las consecuencias patrimoniales si finalmente no se sostiene una acusación penal contra los empresarios. Según dijo, los propios imputados podrían reclamar una reparación por el tiempo que estuvieron detenidos, el bloqueo de sus cuentas bancarias, el cierre de los negocios y la exposición pública que acompañó la investigación.

“Lo más triste es que, de haber una mala praxis judicial, en el caso de que no se llegue a una sentencia condenatoria y finalmente estos imputados queden todos sobreseídos, no lo van a pagar el juez, la jueza ni el fiscal de su bolsillo, sino que lo vamos a pagar todos los argentinos en una demanda que podría ser la más grande en la historia por los perjuicios ocasionados”, advirtió.

No obstante, reconoció que cualquier eventual responsabilidad estatal dependerá de cómo evolucione el expediente y de las decisiones que se adopten en las instancias posteriores. La falta de mérito dispuesta por la Cámara no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad judicial ni garantiza que prospere una futura demanda indemnizatoria.

Sinkovich recordó otros casos en los que se hicieron allanamientos y cierres temporales, pero luego se permitió que los gimnasios retomaran sus actividades bajo controles. A su criterio, esa experiencia demuestra que era posible explorar medidas menos restrictivas para preservar la investigación, los puestos laborales y el patrimonio involucrado.

Clientes, proveedores y máquinas aún sin recuperar

El cierre también afectó a los clientes que habían pagado planes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y no pudieron usar los servicios contratados.

“Hay gente que pagó todo el año. Si no se abre el gimnasio, ¿quién va a pagar eso?”, preguntó Sinkovich, al señalar que no hay certezas sobre el destino de esos abonos ni sobre la posibilidad de que los usuarios recuperen el dinero o retomen sus actividades.

A eso se suma la situación de los proveedores, algunos de los cuales habrían quedado con pagos pendientes por mercadería entregada para la venta en los gimnasios, que también comercializaban suplementos, alimentos y bebidas.

Tampoco hay claridad sobre la ubicación de todo el equipamiento secuestrado. Según indicó, algunas máquinas estarían en dependencias de la Escuela de Policía y otras en un galpón. Además, parte del equipamiento no pertenecería directamente a los imputados, sino que habría sido incorporado mediante contratos de leasing.

La devolución de esos bienes y la eventual reapertura de los establecimientos aparecen como dos cuestiones centrales para destrabar el conflicto económico que dejó la investigación.

La expectativa de una reapertura

Pese al tiempo transcurrido y a las dificultades de los trabajadores para recuperar sus ingresos, Sinkovich aseguró que todavía existe expectativa de que los gimnasios vuelvan a funcionar.

Consideró que, tras la decisión de la Cámara, corresponde que los propios imputados soliciten la devolución de las máquinas y las autorizaciones necesarias para reanudar la actividad, mientras la causa sigue su curso.

“Hoy tienen quizá un derecho más legítimo. Esta investigación no avanzó ni para atrás ni para adelante. Ya tuvieron una sentencia contundente de la Cámara de Apelaciones que, si bien no está firme procesalmente, es aplicable por el momento”, expresó.

La resolución judicial abrió una nueva etapa en el expediente, pero no resolvió las consecuencias económicas y laborales del cierre. Mientras se define el futuro de la investigación, trabajadores, clientes, proveedores y propietarios de los inmuebles siguen esperando respuestas sobre quién asumirá los costos de una actividad comercial que quedó paralizada y si será posible recuperar, al menos en parte, lo perdido.