Cerraron un geriátrico en Maipú: qué pasó con los abuelos y cuál es la situación en el resto de Mendoza

El Gobierno de Mendoza ratificó la clausura definitiva del geriátrico "La Nona de los Caramelos", en Maipú, tras años de incumplimientos y sin la habilitación ministerial obligatoria. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1517, lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud, Rodolfo Montero, y rechaza el recurso presentado por la dueña del lugar.

La propietaria había argumentado que contaba con el permiso municipal, pero desde el Ejecutivo recordaron que las leyes provinciales 5532 y 9536 exigen, además, la habilitación del Ministerio de Salud y Deportes para brindar servicios asistenciales a adultos mayores.

Reincidencia y faltas graves

Fuentes de la Dirección de Adultos Mayores señalaron a Sitio Andino que el establecimiento acumulaba "múltiples actas de inspección, emplazamientos e intimaciones previas que fueron desatendidas por la administración". En lugar de corregir las observaciones sanitarias y edilicias, el lugar siguió operando de manera irregular.

Entre las causas de las sanciones figuraban la sobrepoblación de pacientes por habitación, residuos patológicos en zonas de alimentos y lavandería, falta de sanitarios completos y ausencia de un plan nutricional adecuado. La norma establece que la clausura definitiva se aplica para evitar daños irreparables en la salud de los residentes.

El drama de fondo: pocos geriátricos habilitados

El caso de Maipú destapa una realidad que atraviesa a toda la provincia. Según datos de la Dirección de Adultos Mayores, en Mendoza hay unas 600 residencias registradas, pero apenas el 30% cuenta con la habilitación ministerial definitiva.

El titular del área, Lucas Luppo, admitió la fragilidad del sector y explicó las causas. Para operar legalmente, un geriátrico necesita una doble habilitación: la municipal (edilicia y comercial) y la ministerial (asistencial y clínica). "Muchos inician el negocio para probar, previo a iniciar los trámites burocráticos que no son nada baratos. La realidad es que se ponen en marcha mientras alcanzan la aprobación; no lo podemos ocultar", reconoció.

Frente a las denuncias por lugares sin papeles, el Estado queda en un callejón sin salida: no hay plazas públicas ni cupos estatales suficientes para reubicar a cientos de abuelos. "Es algo que nos supera", confesó Luppo, al remarcar que se trata de una cuestión de mercado donde el Estado suele correr detrás de las circunstancias.

La falta de habilitación completa también impacta en los costos: esas residencias no pueden firmar convenios con obras sociales ni acceder a subsidios, por lo que todo el gasto recae en las familias. Hoy, las cuotas mensuales para una residencia privada en Mendoza arrancan en los $950.000 y suben según las patologías o los cuidados que requiera cada residente.

El perfil de quienes ingresan es claro: personas que necesitan asistencia médica permanente, en su mayoría mujeres mayores de 75 años. Con el envejecimiento poblacional acelerando la demanda, casos como el de Maipú dejan en evidencia los límites del sistema: ante la reincidencia grave y la falta de garantías básicas, la clausura sigue siendo la última medida de resguardo institucional.