¿Cerro Catedral en jaque? Un proyecto busca que la Justicia defina el futuro de la concesión

El futuro del principal centro de esquí del país podría cambiar de rumbo. Un bloque de concejales de Bariloche impulsa una acción judicial para que se defina de una vez por todas la validez de la concesión del Cerro Catedral, una controversia que lleva años sin resolución definitiva.

El bloque Incluyendo Bariloche presentó un proyecto de ordenanza que encomienda al Ejecutivo Municipal promover las acciones legales necesarias para obtener un pronunciamiento judicial sobre la readecuación contractual aprobada en 2018. La iniciativa, impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten, busca zanjar una discusión que, según sus fundamentos, nunca tuvo una sentencia firme.

¿Qué se cuestiona?

El proyecto hace referencia directa a la Ordenanza 2929-CM-18, que readecuó el contrato de concesión con Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA). Desde el bloque sostienen que la intención es brindar seguridad jurídica y resolver una controversia que tiene consecuencias directas sobre el futuro del centro de esquí.

Los argumentos esgrimidos incluyen cuestionamientos sobre la ejecución de las inversiones previstas, la situación ambiental, el acceso de los residentes y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, mencionan la declaración pública del intendente sobre la posibilidad de recuperar el dominio y la gestión del cerro como un refuerzo a la necesidad de avanzar por la vía institucional.

¿Qué pasaría si la Justicia declara inválida la concesión?

El articulado establece que, en caso de que la Justicia determine la invalidez, el Municipio deberá avanzar con la rescisión del contrato de concesión. También ordena que el Tribunal de Contralor Municipal se expida en un plazo de 30 días hábiles sobre el estado de cumplimiento del contrato y la eventual existencia de incumplimientos que sustenten la rescisión.

Mientras se tramite el proceso judicial, se propone la suspensión de cualquier nuevo convenio, contrato, adenda, permiso, autorización, modificación contractual o ampliación vinculada con la readecuación de 2018. La medida alcanza también a nuevos proyectos, desarrollos, permisos de obra y modificaciones sobre terrenos afectados directa o indirectamente por el contrato.

El objetivo, según el texto, es evitar que se consoliden nuevos derechos sobre una situación cuya validez jurídica todavía está en discusión. Sin embargo, la suspensión no afectaría los actos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de las personas, el mantenimiento de la infraestructura existente y el cumplimiento de obligaciones esenciales.

Informes mensuales y participación ciudadana

El proyecto también contempla que el Ejecutivo Municipal informe mensualmente al Concejo sobre el avance de las acciones judiciales, incluyendo presentaciones, resultados, cumplimiento de plazos y acciones en defensa del interés público. Cuando existan resoluciones judiciales relevantes, el intendente deberá informar al Concejo dentro de los cinco días hábiles posteriores a tomar conocimiento.

En caso de una sentencia firme que declare inválida la readecuación o disponga la rescisión, el Municipio deberá adoptar medidas para garantizar la continuidad del servicio público, preservar el patrimonio municipal y asegurar el funcionamiento del centro de esquí. Además, dentro de los 180 días corridos posteriores a la sentencia, se convocaría a un proceso amplio de participación ciudadana con audiencias públicas, consultas, talleres y otras instancias para definir el futuro modelo de administración, explotación y gestión del Cerro Catedral.

“La principal naturaleza del contrato de concesión, que involucra bienes públicos y servicios esenciales para la comunidad, obliga al Municipio a actuar con especial responsabilidad para promover su rescisión cuando medien incumplimientos graves que lesionen el interés público”, sostiene el proyecto.

Desde Incluyendo Bariloche remarcaron que una decisión estratégica de esa magnitud debe ser construida con la participación de vecinos, instituciones, trabajadores, usuarios y sectores vinculados con la actividad turística y deportiva.