Cerró la cárcel de Devoto: qué pasará con el predio de 48.000 m² en el corazón del barrio

Los muros de hormigón de la cárcel de Devoto empezaron a quedar atrás. El traslado de los cerca de 1500 presos hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz arrancó hace una semana y el penal que funcionó casi un siglo en la Ciudad de Buenos Aires encara su cierre definitivo.

El destino de los terrenos, de más de 48.600 metros cuadrados, ya tiene un plan trazado. El predio está en pleno corazón de Villa Devoto, entre las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano.

El proyecto prevé que gran parte de esa superficie se convierta en espacio público y el resto se destine a viviendas. También se contempló la chance de sumar desarrollos inmobiliarios y actividades comerciales.

Un convenio que viene desde 2018

Las bases de la transformación se fijaron en un acuerdo firmado en 2018, cuando Mauricio Macri gobernaba la Nación y Horacio Rodríguez Larreta la Ciudad. Pero la salida de los últimos internos no abre automáticamente la puerta de las obras.

El terreno sigue en manos del Estado nacional y hará falta avanzar con una serie de decisiones administrativas y legales antes de mover un ladrillo.

Uno de los pasos clave será la rezonificación urbanística del predio, que deberá discutirse en la Legislatura porteña una vez que el cierre sea un hecho.

El convenio también incluyó una cláusula por la inversión de 60 mil dólares que puso la Ciudad para construir la nueva cárcel de Marcos Paz. Ese monto podrá recuperarse mediante un mecanismo de “compensación económica e inmobiliaria”, aunque todavía no está definido cómo se instrumentará ni cuánto dinero podrá recuperar el gobierno porteño.

Después de años de anuncios y postergaciones, la mudanza de los presos marca el principio del fin de uno de los establecimientos penitenciarios más emblemáticos del país. Lo que falta definir es el uso del terreno y cuándo podrá empezar su transformación, en un proceso que sigue atado a decisiones políticas.

Cómo avanza el traslado

El operativo recuperó impulso a principios de octubre, cuando funcionarios nacionales y porteños firmaron el acta de recepción provisoria del complejo de Marcos Paz. Del acto participaron el jefe de Gobierno Jorge Macri, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Diego Santilli, entre otros.

Con la firma habilitada, el Ministerio de Seguridad armó un comando unificado federal integrado por el Servicio Penitenciario Federal y fuerzas federales de seguridad.

Los primeros traslados se concretaron el domingo pasado: según informó el gobierno, esa primera jornada se movieron 326 internos. El operativo siguió al día siguiente, de manera gradual, “con el objetivo de evitar incidentes y garantizar que cada detenido llegara a su nuevo alojamiento con las condiciones de seguridad adecuadas”, según el Ministerio.

En total son unos 1500 presos los que cambian de cárcel. El destino son cuatro unidades de máxima seguridad del complejo de Marcos Paz, con capacidad prevista para 2232 detenidos.

El plazo para terminar la mudanza no está cerrado, pero se espera que se complete a fines de este año o a principios de 2027. “En cuatro días ya trasladamos a más del 79,5 por ciento de los presos. La mudanza va a seguir avanzando de manera gradual y bajo el máximo control del Servicio Penitenciario Federal”, explicaron fuentes del Ministerio a TN.

Las mismas fuentes anticiparon que “quedará un grupo reducido de entre 50 y 100 reclusos antes de la visita del Papa y luego se continuará con el traslado”.

El cierre de Devoto acumuló demoras desde el vamos. Cuando se presentó el convenio en 2018, la previsión oficial era trasladar a los presos una vez terminadas las obras de Marcos Paz, algo estimado para 2020. Ese calendario nunca se cumplió y el proyecto quedó pendiente durante años.

Para el Gobierno porteño, la mudanza permitirá recuperar un terreno que durante décadas funcionó como una barrera física dentro del barrio.

Qué se hará con los terrenos

Con la cárcel vacía, el predio deberá atravesar una transformación que va más allá de la demolición de los edificios. La propuesta del convenio de 2018 combina espacio público con usos residenciales y comerciales: reserva el 65 por ciento de la superficie para espacio público y el 35 por ciento para viviendas.

Según informaron a TN desde el gobierno porteño, la idea es que la mayor parte del terreno se convierta en un espacio abierto para el barrio, mientras que el sector restante permita desarrollar emprendimientos inmobiliarios y otros usos urbanos.

En la planificación también aparece la posibilidad de incorporar dos tercios de áreas verdes y un sector destinado a la memoria de la masacre de 1978. El pedido lo vienen haciendo organismos de derechos humanos para que la transformación del lugar no borre las huellas de lo que ocurrió allí.

Fuentes oficiales remarcaron que el cierre de la cárcel no significa que la Ciudad reciba el inmueble automáticamente. “Los terrenos siguen siendo del Estado Nacional. Nación no se los devuelve ni se los regala a la Ciudad”, aseguraron.

“El acuerdo contempla un mecanismo de compensación económica e inmobiliaria, bajo la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo nacional encargado de administrar los inmuebles estatales”, explicaron.

El destino del predio dependerá, entonces, de cómo se instrumente esa compensación, qué porciones se asignen a cada uso y qué decisiones se tomen sobre los terrenos que queden disponibles.

La Legislatura, con la pelota en su cancha

El siguiente paso es la rezonificación. Ese trámite parlamentario está previsto para después del cierre definitivo: la Legislatura porteña deberá tratar la modificación del uso del suelo y fijar las condiciones para avanzar con la transformación.

El convenio de 2018 se firmó el 12 de marzo de ese año con las rúbricas del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la AABE, Ramón María Lanús. La Legislatura analizó el expediente 899-J-2018 y aprobó el convenio de colaboración recíproca.

El documento fijó un marco de cooperación para construir el nuevo complejo penitenciario, trasladar a los internos, desocupar Devoto, modificar la zonificación y avanzar con la disposición del inmueble.

La propuesta se presentó ante los legisladores en mayo de 2018. En aquella reunión informativa, funcionarios porteños explicaron que el traslado respondía, entre otros motivos, a los reclamos de los vecinos y a la intención de recuperar una pieza urbana que consideraban “incompatible con el desarrollo del barrio”.

En ese momento, el cronograma oficial preveía que las obras de Marcos Paz arrancaran en septiembre de ese año. La pandemia y la crisis del país convirtieron el acuerdo en un compromiso que atravesó distintas gestiones. Ahora que la mudanza empezó, la discusión urbanística vuelve a tomar fuerza.

Qué pasará con el centro universitario

Dentro de la cárcel funcionaba el Centro Universitario de Devoto, una de las sedes de la Universidad de Buenos Aires. Desde el Ministerio adelantaron que se deberá garantizar la continuidad de los derechos educativos.

Según la información oficial, los 172 internos que cursan carreras universitarias podrán seguir estudiando en Marcos Paz. Allí se dictan el Ciclo Básico Común (CBC) y carreras de grado como Abogacía, Sociología, Ciencias Económicas, Psicología, Filosofía, Letras y Ciencias Exactas, además de talleres extracurriculares, computación y asesoría jurídica.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró a TN que “en ningún momento se va a ver afectado el derecho que tienen de estudiar. Eso se los garantizo”. Y recordó que “el Servicio Penitenciario Federal mantiene convenios con dieciséis universidades”.

Casi un siglo de historia argentina

La cárcel de Devoto se inauguró en 1927, en terrenos donados por la familia Visillac. En sus primeros años funcionó como una unidad para contraventores y dependió de la Policía Federal. Después pasó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal y se transformó en uno de los establecimientos más conocidos del país.

En 2007 adoptó el nombre de Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para entonces ya cargaba una larga historia de motines, fugas, conflictos internos y reclamos por las condiciones de detención.

Uno de los episodios más graves ocurrió durante la última dictadura militar, cuando Devoto se usó como lugar de detención ilegal. Según la Comisión Provincial por la Memoria, alrededor de 1200 hombres y mujeres pasaron por ese circuito represivo.

La cárcel alojó presos políticos mientras el terrorismo de Estado desplegaba su sistema de secuestros, torturas y desapariciones. También hubo mujeres detenidas y menores que permanecieron junto a sus madres dentro del establecimiento.

Esa historia quedó atada a la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978. El hecho, conocido durante años como el “motín de los colchones”, dejó 65 muertos, según la reconstrucción judicial posterior, y decenas de heridos.

Durante mucho tiempo la versión oficial sostuvo que las muertes habían sido consecuencia de un incendio provocado por los propios detenidos. Décadas después, la investigación y el juicio permitieron reconstruir la violencia ejercida por el personal penitenciario y el contexto de la tragedia.

En diciembre de 2025, los expenitenciarios Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez fueron condenados a 25 años de prisión por su responsabilidad en los hechos. El tribunal consideró que se trató de graves violaciones a los derechos humanos. Por eso, el futuro del terreno también deberá preservar un lugar de homenaje para recordar a las víctimas.

Los nombres más pesados del delito

La historia de Devoto quedó asociada a algunos de los nombres más conocidos del mundo del delito en la Argentina. Por sus pabellones pasaron asesinos múltiples, secuestradores, ladrones de bancos y protagonistas de casos que ocuparon tapas de diarios durante años.

Uno fue Carlos Eduardo Robledo Puch, el “Ángel Negro” o “Ángel de la Muerte”. Lo detuvieron en 1972, cuando tenía veinte años, y se convirtió en uno de los asesinos múltiples más notorios de la historia criminal argentina.

Otro preso célebre fue Arquímedes Puccio, que encabezó el clan familiar responsable de secuestros extorsivos y asesinatos en la década del 80. Los secuestros se organizaban desde una casa de San Isidro y algunas víctimas eran jóvenes empresarios vinculados al entorno de sus hijos. Puccio estuvo detenido en Devoto y llegó a interesarse por libros de química mientras estaba preso.

También pasó por la cárcel Luis Valor, el “Gordo Valor”, uno de los delincuentes más famosos por robos a bancos y blindados. El 16 de septiembre de 1994 protagonizó una espectacular fuga junto a Hugo Sosa, “La Garza”, otro nombre ligado a la historia del penal.

A la lista se suma Luis Mario Vitette Sellanes, conocido por su participación en el robo del siglo al Banco Río de Acassuso en 2006, uno de los asaltos más recordados del país. El caso se hizo célebre por la nota que los ladrones dejaron a la Policía después de vaciar las cajas de seguridad: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”.

Otro delincuente famoso que sigue alojado en Devoto es el asesino serial Guillermo Álvarez, apodado “el Concheto” o “el Patovica”. Había sido llevado hace poco al nuevo complejo de Marcos Paz, pero la Justicia ordenó que volviera de inmediato a su lugar de alojamiento habitual.

La medida se tomó por una cuestión de seguridad y fijó un plazo de dos horas para concretar el regreso. Álvarez había integrado la primera tanda de trasladados, pero su situación particular obligó a modificar los planes. La decisión se adoptó tras una intervención judicial en la que se analizó su régimen especial de detención, con condiciones específicas de alojamiento y aislamiento. Podría ser uno de los últimos en llegar al nuevo complejo.

Las otras cárceles que cerraron en la Ciudad

Devoto no es la primera prisión que deja de funcionar dentro de Buenos Aires. La Penitenciaría Nacional funcionó en el predio donde hoy está el Parque Las Heras, en Palermo.

Se había inaugurado en 1877 y ocupó durante décadas una superficie importante de la Ciudad. Cerró en 1962 y su demolición había comenzado un año antes. El terreno permaneció un tiempo sin una transformación definitiva hasta que avanzó su recuperación como espacio verde.

En la Penitenciaría Nacional fue fusilado el general Juan José Valle el 12 de junio de 1956, después del levantamiento contra el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu.

Otro caso es la cárcel de Caseros, en Parque Patricios. El edificio original comenzó a construirse en el siglo XIX, mientras que la gran estructura de torres se inauguró en 1979, durante la última dictadura militar.

La cárcel cerró definitivamente en 2001. Su demolición y la reorganización del terreno se vincularon con un proyecto para integrar el predio al barrio, abrir calles y habilitar nuevos usos urbanos. La planificación también reservó espacios para equipamiento público, como una escuela y un centro cultural.

Con esos antecedentes, para los vecinos de Villa Devoto la salida de los presos representa el avance de un reclamo que atravesó varias generaciones.