Cerró su oficina en Salta y el aeropuerto quedó desierto: el escándalo de Flybondi que salpica a la política

La aerolínea Flybondi dejó de operar en Salta. Su oficina en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes cerró y la provincia quedó en vilo mientras crece un escándalo judicial y político que ya tiene a la compañía al borde del colapso.

Lo que empezó como una crisis operativa se transformó en una tormenta perfecta: vuelos cancelados en masa, cuentas embargadas, deudas millonarias con el fisco y una guerra entre accionistas con conexiones directas al poder. Los pasajeros y los trabajadores son los que pagan los platos rotos.

Embargos y deudas que ahogan a la low cost

El cerco judicial se cerró de golpe. A pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Justicia ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Flybondi por casi $1.500 millones. El motivo: una deuda impositiva que supera los $1.400 millones.

Pero no es lo único. Proveedores locales e internacionales, cansados de esperar, presentaron múltiples pedidos de quiebra. Empresas como Hotel Presidente SA y Li Azzurri SA reclamaron en la Justicia cifras millonarias por servicios hoteleros y de asistencia que nunca fueron saldados.

Los números son lapidarios: en agosto, la aerolínea registró un 80,5% de cancelaciones en sus vuelos. Una parálisis casi total que dejó a miles de pasajeros varados.

La interna entre accionistas que complica todo

Detrás del desplome financiero asoma una trama de poder. En 2025, el grupo COC Global Enterprise, vinculado al empresario argentino Leonardo Scatturice, se presentó como nuevo accionista mayoritario tras desplazar al fondo Cartesian Capital Group.

A Scatturice se le atribuye una estrecha cercanía con el gobierno de Javier Milei y con el ámbito de los servicios de inteligencia. Incluso participó en gestiones diplomáticas clave en Estados Unidos. Sin embargo, la crisis destapó una verdad incómoda: el traspaso formal de acciones nunca se concretó.

Ahora, en plena debacle, el holding de Scatturice anunció que iniciará acciones legales contra Cartesian, responsabilizándolos por la parálisis de la aerolínea. Esto, a pesar de que el propio Scatturice ya había volcado unos US$70 millones en el proyecto.

Más de 700 trabajadores en la calle y sin respuestas

El costo humano es dramático. Más de 700 empleados fueron desvinculados o empujados a retiros voluntarios que la empresa nunca pagó. En provincias como Salta, Jujuy y Santiago del Estero, el personal se quedó sin trabajo, sin cobrar los últimos sueldos, sin aguinaldo y, lo que generó mayor indignación, sin cobertura médica porque las prepagas fueron cortadas por falta de aportes.

Los damnificados ya salieron a protestar. Una de las movilizaciones más fuertes se realizó frente al Aeroparque Jorge Newbery, donde ex empleados reclamaron sus indemnizaciones. Además, multiplicaron las demandas judiciales particulares.

Mientras los pasajeros acumulan deudas por más de US$19 millones en pasajes cobrados y jamás volados ni reembolsados, la ANAC mantiene una pasividad alarmante. En Brasil, las autoridades le prohibieron tajantemente vender pasajes ante el altísimo nivel de incumplimientos. En Argentina, el Gobierno mira para otro lado.

El fantasma de la primera low cost del país se derrumba, y con él, cientos de familias y miles de usuarios varados.